El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de recuperar los 160.000 euros que destinó a las obras de consolidación de la casa de O Castro, un inmueble catalogado y ubicado en pleno casco histórico que durante años estuvo sometido al más absoluto estado de abandono. Ante la pasividad del propietario para poner fin al deterioro del edificio y al peligro que entrañaba para los viandantes (con continuos desprendimientos a la vía pública), el gobierno de Alberto Varela decidió llevar a cabo los trabajos cuya factura pasaría al dueño. Pero este se negó a pagar la deuda, por lo que la Agencia Tributaria le embargó el dinero y hace unos días lo ha ingresado en las arcas de Ravella.
El ejecutivo socialista se congratula del resultado del proceso que pone fin a una década de litigio. Y es que, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la conservación del edificio mediante las obras ejecutadas de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, "se logra que los responsables de la lamentable situación arrastrada durante una década cumplan con sus obligaciones económicas y no tengan que ser las arcas municipales, es decir, los propios ciudadanos, los que asuman los costes", esgrime el gobierno local, que presume de "voluntad y decisión política" para solucionar los problemas.
El equipo de Varela adelanta que el procedimiento de embargo seguido en el caso del edificio de O Castro se seguirá "en todos los casos en los que la administración local se vea obligada a actuar de forma subsidiaria y los propietarios se nieguen a asumir los costes".
Recuerdan desde Ravella que los problemas por el deficiente estado del inmueble situado en la Praza do Castro comenzaron hace diez años.
Durante ese tiempo el Ayuntamiento de Vilagarcía envió sucesivos requerimientos a la propiedad para que limpiase la fachada. También le instó a ejecutar obras de limpieza y seguridad interior, pero todas las comunicaciones cayeron en saco roto, ya que el titular de la edificación no tomó ninguna medida para acabar con el deplorable estado de un bien catalogado pese a haber registrado varios desprendimientos a la vía pública, obligando incluso a mantener cortado al tránsito peatonal -durante meses- el callejón adyacente.
La empresa propietaria, que fue cambiando de denominación a lo largo del tiempo, llegó a acumular más de 60.000 euros en multas coercitivas por hacer caso omiso de los expedientes abiertos por la administración municipal.
El gobierno de Varela destaca que poner fin a la mala imagen y al estado ruinoso de la casa de O Castro fue una de sus primeras acciones cuando tomó las riendas de Ravella en el año 2015. Señalan los socialistas que tras un último intento de negociación con la propiedad, se pusieron en marcha "todos los mecanismos que prevé la ley para lograrlo".
El principal objetivo era garantizar la seguridad de las personas y bienes materiales, así como conservar el edificio protegido, de ahí que el Concello ejecutase la obra de forma subsidiaria y pasase los costes e la misma al dueño.
Como tampoco se hizo cargo de los mismos, el Ayuntamiento dio cuenta de la deuda a Hacienda, que inició un procedimiento de embargo que acaba de finalizar con el ingreso en la cuenta de la administración vilagarciana de los 160.000 euros correspondientes al coste de la obra, de las tasas de ocupación de vía pública ocasionadas por el vallado que fue necesario realizar durante meses para garantizar la seguridad de los peatones, y de las sanciones por desoír los sucesivos requerimientos municipales.
Para intentar escabullirse del abono de las multas y de la realización de las obras para asegurar y limpiar el inmueble, la propiedad presentó distintos recursos judiciales que fueron resueltos a favor del Concello.
