El futuro de Alfageme se dirime hoy. Después de numerosos reveses y soluciones frustradas a lo largo de estos años de conflicto laboral -el último, el fracaso del concurso público-, el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra -en Vigo- subasta a partir de las diez de la mañana la marca Miau y las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia, unos bienes que tendrán un precio de salida de 100.000, 500.000 y 300.000 euros respectivamente y que apenas han suscitado interés en el tejido empresarial, tan poco que solo una firma ha entregado la señal de 150.000 euros para participar en la puja de la marca. Para las factorías no hay pujadores.

La plantilla y los sindicatos confían en que la Xunta puje por Alfageme para garantizar el proyecto industrial y el mantenimiento de los 150 empleos. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, eludió aclararlo ayer en el Parlamento, pero sí aseguró que una representación de su departamento se personará en la subasta para "defender los intereses patrimoniales de la Xunta", en alusión al aval de más de 30 millones de euros y a la consecuencia de este pago de convertirse en acreedora preferente de los bienes.

¿Qué puede pasar hoy? El abanico de posibilidades no es pequeño, aunque en cualquier resultado la pelota está en el tejado del Gobierno gallego. Fuentes sindicales consideran que la operación "lógica y natural" es que la Xunta se haga con las propiedades. En el caso de la marca -único lote para el que hay pujadores-, la fórmula pasaría por participar en la subasta "con la deuda, sin necesidad de presentar dinero físico". En los casos de las plantas fabriles, casi con total seguridad quedarán desiertas, por lo que la Consellería de Industria "debería hacer valer su condición de acreedora principal para adjudicárselas". "Luego tendría la total seguridad jurídica para vender Alfageme", apuntan desde una central sindical.

Aparte de estas opciones, otro sindicato apela a la posibilidad de que la Xunta acuda a la subasta con un as en la manga con el que frenar la subasta. Precisamente estos días portavoces oficiales de la consellería aseguraban que se estaban estudiando fórmulas jurídicas para salvar Alfageme y dejar a la conservera fuera de manos especuladoras.

El conselleiro Francisco Conde defendió ayer a capa y espada la gestión de su antecesor Javier Guerra para buscar una solución al conflicto de Alfageme, quien tuvo que asumir "una irresponsabilidad heredada del bipartito que costó a los gallegos 30 millones de euros", el "mayor aval de la historia de la Xunta". Recordó que ninguna de las empresas que concurrieron al concurso convocado por el Igape cumplía los requisitos. "Apoyaremos todo proyecto viable, siempre que exista un compromiso de reactivación de la actividad y de creación de empleo en O Salnés", afirmó Conde.