Las empresas dudan de que el contrato de la basura sea rentable y dejan desierto el concurso

Rematado el plazo para presentar ofertas, ninguna empresa ha optado al concurso del contrato de recogida y tratamiento de los residuos municipales, el más importante del Concello de Pontevedra, por un importe de 233 millones de euros y 21 años de concesión. Lo anunció ayer el responsable de la gestión de la basura en Pontevedra, el concejal Raimundo González Carballo, quien recuerda que mañana se prorrogará por un año el actual contrato. “Espero que dentro de un año se pueda resolver”, confía el edil.

Este concejal, que como todo el gobierno municipal ejerce en funciones tras las recientes elecciones, propone al futuro responsable del área –una vez que se constituya la nueva corporación municipal– solucionar el problema explorando otras vías contractuales. Así, se pasaría de una concesión a un contrato “de servicio”, que supone, entre otras cosas, que la empresa cobre un canon fijo por la tarea (cuando en el de concesión asume riesgos y penalizaciones) y sería por menos tiempo.

Otra ventaja de este tipo de contrato se encuentra en la tramitación. No requiere pasar el examen de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), por lo que los plazos se acortarían.

Fracaso

“Esta es la opción que yo propongo, pero lo tendrá que decidir el nuevo gobierno y el nuevo edil del área”, subrayó González Carballo, quien no considera un fracaso esta falta de ofertas de las empresas del sector porque “si yo hice bien el trabajo no lo considero un fracaso; yo tengo la satisfacción del trabajo bien hecho”, afirmó el concejal.

En este punto recordó que proyectos de fuerte calado económico en la ciudad también quedaron desiertos en su día, como la construcción del nuevo Hospital de Montecelo.

La clave de la falta de concurrencia de empresas estuvo en la retribución, que con el contrato en concesión es variable y está sujeta a penalizaciones por fallos en el servicio, con penalizaciones que pueden llegar al 3 por ciento del precio.

En el contrato de servicio no cabe la incertidumbre en la remuneración, ya que la empresa cobraría un canon fijo. Como contrapartida, el Concello se vería obligado a reforzarla inspección municipal.

El concejal señaló que este sector “está acostumbrado a un tipo de retribución determinada”, al cobrar un canon fijo, y no ve correcto un cambio en ese sentido. “Muestran una clara resistencia al cumplimiento de los objetivos de la nueva ley. Entra dentro de la lógica del tira y afloja”.

Raimundo González explicó que en las diferentes reuniones con las empresas del sector, estas manifestaron su recelo a las posibles penalizaciones en la retribución, por posibles fallos en el servicio, así como por el objetivo de llegar al 65 por ciento de reciclaje.

Objetivos

“Son objetivos que marca la ley y no vamos a incumplir la ley”, subrayó el concejal. Los objetivos que persigue este contrato “son irrenunciables”, reiteró el edil, al margen de que se pueda cambiar el modelo de contratación para relajar las exigencias a los operadores. La contratación en servicio es el modelo por el que han optado Vigo y Santiago, según indicó el edil pontevedrés.

“El sector nos pone a prueba, y yo tengo que decir que no me doblego ante él. Quiero unos objetivos medio ambientales concretos para mi ciudad y voy a pelear por ellos, sea como sea. ¿Tendremos que modificar el tipo de contrato en el futuro? Puede ser, pero lo iremos viendo y estudiando”, manifestó Raimundo González.

Este contrato –recordó el edil nacionalista– abarca todos los tramos del ciclo de los residuos, considera a estos como un recurso y no como un desecho, coresponsabiliza a la empresa en la tarea y se adapta en todos sus términos a la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Incluía además todas las tareas del ciclo de residuos, “algo realmente novedoso”, pues comprendía la recogida, el tratamiento, la limpieza viaria, etc. También dictaba que la retribución variaba en función de los resultados obtenidos, lo que se traducía en que “a mayor reciclaje, mayor retribución, por ejemplo”, explica González.

“En mi humilde apreciación hay una reticencia de las empresas del sector a la nueva legislación”, dice el concejal, quien subraya que los objetivos en materia medioambiental propuestos en el contrato son “irrenunciables”.

Por otra parte, el concejal matizó que no se va a fraccionar el contrato y que esta circunstancia no altera el proyecto de la planta de compostaje.

La patronal “enseñó la patita con su alegación”

El contrato que las empresas ahora rechazan fue reformado durante su tramitación para incorporar una alegación presentada por una empresa vinculada a Cáritas. Se habían presentado dos alegaciones, la otra por parte de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), que ya se refería a las cuestiones por las que finalmente ninguna firma ha optado al contrato. “En su recurso la patronal estaba enseñando la patita”, apuntó ayer el edil de gestión de la basura.

Esta alegación ponía en cuestión todo el estudio económico, el sistema de recogida y otros factores. En todo caso aquel recurso de la “patronal” del sector fue rechazado por el Tribunal administrativo de contratación pública de Galicia (Tacgal). Sí admitió el otro recurso, el presentado por una empresa ligada a Cáritas, que cuestionaba que no se reservase a las empresas de economía social la recogida de textiles, petición que finalmente se incluyó en el texto.

El contrato rechazado por el sector primaba el compostaje, el reciclaje, la disminución de residuos, de la incineración y, como compensación, y ofertaba más pago a las empresas adjudicatarias en el caso de cumplir estos objetivos. “El contrato que estamos licitando obliga a las empresas a obtener unos resultados medioambientales adecuados o, de lo contrario, se les estaría penalizando económicamente”, indicaba el edil.

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