La amenaza de una huelga de los profesionales sanitarios públicos del área de Pontevedra y O Salnés ante la "situación de caos" que se está viviendo en las últimas semanas, indican, especialmente en los servicios de urgencias hospitalarios, en los traslados de ambulancias y en la Atención Primaria, así como los PACs, es ya una realidad. Cinco de los sindicatos con mayoría absoluta en la junta de personal dieron ayer un ultimátum a Sanidade y a la Xunta para que, en el plazo "de una semana", el presidente gallego Alfonso Rueda o la persona en quien delegue abra una negociación con acuerdos "que deberán hacerse públicos".

"Ya no podemos más", dicen los profesionales que están "extenuados" lo que afecta a la calidad asistencial a los ciudadanos

Además de la huelga, los profesionales pondrán en marcha otras acciones como "encierros, concentraciones y paros intermitentes en los centros de trabajo, manifestaciones en la vía pública y campañas de denuncia ante los medios de comunicación" por una situación que entienden que es ya "insostenible" y que se traduce no solo en un deterioro y riesgo para la salud de los ciudadanos, sino en el colapso de los propios profesionales que "extenuados física y mentalmente" dijeron que "ya no podemos más". Por ello, aseguran que "no nos temblará el pulso" al convocar un posible paro, además de estudiar posibles denuncias ante Fiscalía o Inspección de Trabajo.

Detallaron que en el servicio de Urgencias de Montecelo han llegado a tener "hasta 45 pacientes simultáneamente en los pasillos esperando una cama" y que hubo usuarios que esperaron "hasta 72 horas" para lograr una cama. "El habitual cierre de camas con la llegada del verano ha contribuido a que decenas de pacientes se encontraran privados de la más mínima intimidad y en muchos casos compartiendo espacios con personas afectadas por el COVID-19".

También piden la resolución del concurso de ambulancias y la adjudicación de uno nuevo ante los desajustes detectados en el actual, con traslados de pacientes a otros centros que se demoraron hasta 24 horas, como el de un octogenario de Sanxenxo, o el caso de una menor de 12 meses que tuvo que esperar cerca de una hora para ser derivada al CHUS con un fuerte traumatismo craneoencefálico y que logró derivarse "in extremis".

Trabajadores sanitarios en la comparecencia de estos cinco sindicatos.

Los sindicatos piden el "cese fulminante" de todo el equipo directivo de la gerencia dado que culpan de esta situación no solo a una mala planificación de los recursos, que se "deja para el día a día", sino a un problema estructural que se viene larvando desde hace décadas con condiciones laborales que han impedido la "fidelización y atracción de los profesionales" sobre todo en el primer escalón de la medicina que optan por irse a otras áreas, a la privada o a otros países. Esto llevó a las situaciones vividas, siempre según los sindicatos CESM, Prosagap, Co.bas, Omega y STP, en los últimos fines de semana con el cierre funcional de algunos de estos puntos de atención continuada por "falta total de facultativos" o a que el resto, como el de A Parda, estuviera atendido por un médico de tarde y otro de noche cuando lo mínimo son tres de tarde y dos de noche. Calendarios con sobrecargas de hasta 170-180 horas al mes y "agendas inasumibles" de hasta 60 pacientes diarios provocan que "muchos facultativos que se jubilen opten por no seguir o que los MIR se vayan a otras áreas que están mejor". Esta situación en los PAC repercutió en las urgencias hospitarias. En total, calculan que hay al menos 5 vacantes sin cubrir en los PAC y 21 de médicos de familia en el área sanitaria.

Detallaron que en el servicio de Urgencias de Montecelo han llegado a tener "hasta 45 pacientes simultáneamente en los pasillos esperando una cama" y que hubo usuarios que esperaron "hasta 72 horas" para lograr una cama.

Y es que los sindicatos indicaron que "la situación de Pontevedra y O Salnés es especial y por ello requiere soluciones especiales". Llevarán esta problemática al pleno de todos los ayuntamientos del área y solicitan el apoyo de los usuarios de la sanidad pública para que les apoyen en sus reivindicaciones.