Escondido en el margen izquierdo de la carretera vieja que lleva a Marín, el Pazo de Lourizán se eleva majestuoso entre jardines históricos. Durante los siglos XVIII y buena parte del XIX la finca en la que está situado alternó de propietarios, teniendo su titularidad empresarios y comerciantes tales como Francisco Genaro Ángel o Buenaventura Marcó del Pont. Sin embargo, la época dorada de este enclave singular de las Rías Baixas dio comienzo con la compra de la propiedad por parte del político y jurista Eugenio Montero Ríos y su esposa, Avelina Villegas Rubiños, en en el año 1879 por el valor de 85.000 pesetas.
Montero Ríos, quien llegaría a ser presidente del gobierno en 1905, encargó al prestigioso arquitecto Jenaro de la Fuente, natural de Valladolid y muy conocido por sus relevantes edificios en la ciudad de Vigo, Poio, Mondariz o Gondomar, la construcción de un gran pazo de veraneo y de corte modernista en los terrenos que había adquirido.
Sería a partir de finales del siglo XIX cuando Montero Ríos y su familia empezarían a disfrutar de aquella joya arquitectónica, dotada de una impresionante escalera imperial custodiada por estatuas neoclásicas de mármol blanco, una puerta principal personalizada con las iniciales de sus propietarios y de una fachada con grandes vidrieras, galerías y balcones, cúpulas con mansardas de estilo francés y frontones triangulares.
La belleza que guarda la casa señorial todavía se enriquece más conociendo la historia que guarda entre sus paredes. Y es que durante un largo período acogió a las élites empresariales, religiosas y políticas del momento. Teniendo en cuenta que Montero Ríos formó parte de la delegación española que negoció el tratado de París en 1898, por el cual se cedieron las últimas tierras coloniales de España (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam), poniendo fin a la guerra hispano-estadounidense, no es de extrañar que las líneas del acuerdo se hubieran perfilado desde Lourizán.
Asimismo, el pazo está rodeado por sus jardines históricos, el resultado de más de 130 años de plantación, y que guardan entre las diferentes especies traídas de todo el mundo preciosas fuentes románticas y un invernadero modernista.
A principios de los años 40 la Diputación de Pontevedra adquirió la propiedad y la convirtió en lo que a día de hoy es el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, organismo encargado de la protección, conservación y mejora del patrimonio forestal.
Sin embargo, pese al importante valor histórico y patrimonial del Pazo de Lourizán, si hay algo que caracteriza a esta joya arquitectónica de la comarca de Pontevedra es el maltrato y la decadencia que ha experimentado en las últimas décadas, puesto que los desacuerdos entre la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra han llevado a una construcción de semejante valor a un estado ruinoso.
Una rehabilitación pendiente
Emblema del romanticismo, modernismo y del neoclasicismo del finales del siglo XIX en la provincia de Pontevedra, cualquier visitante puede comprobar in situ el decrépito estado en el que se encuentra este palacio gallego. La historia de maltrato al Pazo de Lourizán por parte de las administraciones no es algo nuevo. Así, según se recoge en las investigaciones realizadas sobre la finca que engrandeció Montero Ríos, ya durante los primeros años del régimen franquista y bajo la propiedad de la Diputación, el pazo fue víctima de varios destrozos irreparables y también de un expolio, desapareciendo parte de las obras y muebles del histórico edificio, tal y como recogió la Asociación Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra en su día.
A principios de los 90, la Administración provincial firmó un acuerdo de cesión del inmueble a la Xunta de Galicia, acuerdo que venció a principios de 2021 y fue prorrogado posteriormente. Conscientes de esta realidad, numerosas administraciones y colectivos reclamaron durante años una intervención urgente para conservar y rehabilitar el inmueble histórico.
En numerosas ocasiones la Xunta se había comprometido a llevar a cabo las tareas de mantenimiento, una rehabilitación que, por su parte, la Diputación de Pontevedra cifraba en 14 millones de euros, sin embargo, tuvo que ser una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la que pusiera sobre la mesa el pasado mes de mayo un freno al abandono y dejadez del pazo, dictando que "ninguna duda hay en los convenios sobre la obligación de la Administración autonómica de efectuar las obras de conservación”.
Poco después de que se hiciera pública la sentencia, la consellería de Medio Rural anunció la inversión de algo más de 200.000 euros para mejorar las condiciones de conservación del Pazo de Lourizán y remitiéndose a los trabajos iniciados en el mes de febrero de este mismo año y que ya se dieron por concluidos. En concreto, el Ejecutivo autonómico acometió la “reposición de la cubierta de losa y retejado puntual, limpieza de canalones y bajantes, sustitución de canaletas de plomo por zinc, limpieza e impermeabilización de terrazas, sustitución de lucernario, impermeabilización de carpintería, instalación eléctrica y limpieza de terrazas pequeñas”.
No obstante, la realidad es que se trata de actuaciones con el objetivo de evitar un deterioro todavía mayor del que ya sufre el histórico pazo de Pontevedra. Si bien esas pequeñas mejoras en las zonas tratadas son visibles, su impacto sobre el estado general del edificio no es excesivo. Hace prácticamente un mes, la Xunta afirmó que no está previsto acometer nuevos trabajos “a corto plazo”, pese a que muchas de las graves deficiencias detectadas por los técnicos continúan sin resolverse y a que el deterioro de esta joya arquitectónica de la provincia es más que evidente.
