Un total de 208.355 euros. Es la inversión que ha destinado la Consellería de Medio Rural a las obras de “mejora de las condiciones de conservación” del Pazo de Lourizán. Y no está previsto acometer nuevos trabajos “a corto plazo”, según confirmó ayer este departamento de la Xunta, obligado por sentencia judicial a asumir la conservación de un complejo que, si bien es propiedad de la Diputación, lo utiliza el Gobierno gallego desde hace más de treinta años.
La sentencia del TSXG, que confirma otra anterior de lo contencioso-administrativo –vía a la que acudió la Diputación ante la falta de acuerdo amistoso– deja claro que “ninguna duda hay en los convenios sobre la obligación de la Administración autonómica de efectuar las obras de conservación” en el Pazo y da un plazo de diez días para que Medio Rural “lleve a pudo y debido efecto” el contenido de la sentencia.
La consellería se remite a los trabajos iniciados en febrero pasado y que se dan por finalizados. Por 208.254,71 euros, muy lejos de los 14 millones de euros que un informa técnico de la Diputación considera necesarios para una rehabilitación integral, La labores que la Xunta da por concluidos y que comunicará al TSXG son las de “reposición de la cubierta de losa y retejado puntual, limpieza de canalones y bajantes, sustitución de canaletas de plomo por zinc, Limpieza e impermeabilización de terrazas, sustitución de lucernario, impermeabilización de carpintería, instalación eléctrica y limpieza de terrazas pequeñas”.
Se trata de una serie de actuaciones destinadas a evitar un deterioro todavía mayor del que ya sufre esta joya arquitectónica de Pontevedra, objeto de controversia entre ambas administraciones. Aunque son visibles esas mejoras en las zonas tratadas, su impacto sobre el estado general del edificio no es excesivo y, de hecho, en la jornada de ayer se veían más zonas apuntaladas que hace unos meses y muchas de las graves deficiencias detectadas por los técnicos continúan sin resolverse.
De hecho, el informe técnico realizado por el Servicio de Arquitectura de la Diputación, indica que sería necesaria una intervención de 14,2 millones de euros para la rehabilitación del Pazo, dado su “deficiente estado de conservación”.
Aquella intervención de Medio Rural se produjo coincidiendo con la primera sentencia y fue la primera de este nivel que se lleva a cabo en las tres últimas décadas, está previsto que finalice a lo largo del próximo mes de abril. Al respecto, la Consellería asegura que “incluso antes de conocer el contenido y alcance de esta sentencia, ya había iniciado los trabajos para mejorar las condiciones de conservación del Pazo de Lourizán, propiedad de la Diputación Provincial de Pontevedra. Estas obras se han realizado en el marco del convenio de cesión del inmueble y sus instalaciones a la Xunta y ya han finalizado”.
Añade que “la Xunta demuestra así su buena fe y su compromiso con la conservación de este espacio, cuyo titular es la Diputación”.
El informe de la Diputación, realizado a finales de 2017, señalaba cierta urgencia en la actuación dado que “la seguridad estructural no está garantizada en diversas zonas del edificio” y recuerda que actualmente está “apuntalada la galería, presenta fracturas en varios de los dinteles, hay zonas con repisado en varias salas y corredores, humedades muy patentes, zonas que invadió la vegetación, y áreas colonizadas por algas, mohos y líquenes”.
También señalaba que “parte de la cubierta de la cara sur del inmueble comenzó a hundirse, y que existen riesgos importantes en lo tocante a la seguridad eléctrica con peligro de cortocircuitos; las carpinterías, tanto interiores como exteriores, están en mal estado; y dado que no se dispone de ningún tipo de vigilancia, existe inseguridad frente a actos vandálicos, ocupaciones o robos”. Además, pedía “respeto máximo” a la concepción y a los materiales originales del inmueble, catalogado e integrado en el Patrimonio Cultural de Galicia, con el mantenimiento de aquellos elementos que merezcan protección. Concretamente, los técnicos cifraron el coste de las actuaciones en 14.255.010 euros.
La necesaria rehabilitación integral del Pazo de Lourizán es objeto de polémica entre la Diputación y la Xunta desde hace años, mientras se agrava el deterioro del palacete, que ya presenta un estado “ruinoso”, con desprendimientos, humedades, desplomes y otros graves desperfectos, además de ser objeto de actos vandálicos.
La Diputación, aunque es la titular, subraya que desde enero de 1991 la Xunta es la usuaria del complejo y está obligada por convenio a realizar su total conservación, hasta ahora prácticamente nula en el edificio principal. Ante esta situación, el gobierno provincial dio la “orden de iniciar las acciones legales necesarias para instar a la Xunta el cumplimiento de la obligación asumida en el convenio de conservación del Pazo de Lourizán” en abril de 2019.
La Diputación adquirió el Pazo de Lourizán en los años 40 a la Caja de Ahorros de Pontevedra y a la marquesa viuda de Alhucema. En 1943 se lo cedió al Ministerio de Educación para su uso como Centro Regional de Enseñanzas, Investigaciones y Experiencias Forestales y posteriormente se convertiría en la Escuela Técnica Superior de Montes. En 1991 firmó un acuerdo de cesión del inmueble a la Xunta de Galicia, pasando a ser el Centro de Investigaciones Ambientales y Forestales. La vigencia de este convenio venció el 22 de enero de 2021, pero tal y como se recoge en una de sus cláusulas, si las administraciones no se pronuncian, éste se renovaría automática e indefinidamente. Hace años que diferentes administraciones, colectivos y vecinos están reclamando una intervención urgente para conservar y rehabilitar el Pazo.
