El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, estuvo ayer en Pontevedra, acompañado por el presidente autonómico, José Francisco Méndez, y el presidente en la provincia, Jerónimo Fernández, para reclamar un pacto de Estado para blindar las administraciones y servicios públicos frente a eventuales recortes. Este sindicato ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para reclamar una reunión urgente donde se aborden las consecuencias sobre las administraciones públicas de la crisis generada por la subida del precio de la energía y del combustible así como por la guerra en Ucrania.

Explicaron que, en primer lugar, pedirán al Gobierno un plan de recursos humanos para reforzar “ámbitos clave” del estado del bienestar como son la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Justicia, así como “áreas sensibles” como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, Fomento, Comunicaciones o Investigación, entre otros. Señala CSIF que las administraciones y servicios públicos se han visto “mermados y debilitados tras años de recortes” y que se deben garantizar las ofertas de empleo público.

La segunda demanda pasa porque el funcionariado quede excluido de un posible pacto de rentas. Sostiene el presidente de CSIF, Miguel Borra, que los trabajadores públicos llevan 12 años colaborando en ese pacto con la rebaja salarial que sufrieron en el 2010, que todavía no han recuperado y que han provocado una notoria pérdida de poder adquisitivo. “Si atacan la calidad o las condiciones laborales de los trabajadores públicos CSIF no hará como otros sindicatos y se movilizará”, ha advertido Miguel Borra.

En el ámbito gallego, el presidente autonómico del CSIF, José Francisco Méndez, ha explicado que la temporalidad de los empleados públicos de Galicia es uno de los principales problemas y señala que en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) el 42% de los contratos son temporales, mientras que en otros servicios como el de la prevención de incendios forestales asciende hasta el 55%.

Asegura, además, que los problemas de personal del Sergas se deben a que las condiciones laborales y salariales no son las adecuadas desde la crisis de 2008.