La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra acoge la mañana de este viernes la tercera cita de la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence, después de la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la prórroga de la concesión de Costas a la empresa en Lourizán y pone en riesgo de cierre a esa planta. Al igual que en la cita anterior, trabajadores de la planta se han concentrado en la plaza de España para reforzar la reivindicación de que la compañía continúe en la ría de Pontevedra.
La reunión de hoy cuenta con la presencia del alcalde, Miguel Fernández Lores, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el director de Ence en Galicia, Antonio Casal, y el director xeral de la Axencia Galega de Industria Forestal, Ignacio Lema, así como representantes de los trabajadores, pero no asisten la ministra Teresa Ribera, el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, ni el conselleiro de Industria, Francisco Conde.
Este nuevo encuentro se produce en pleno debate sobre la adscripción de Ence a la Autoridad Portuaria de Marín. En este sentido, la Xunta ha solicitado al Consello Consultivo de Galicia la emisión de un informe sobre esta alternativa que solucionaría la amenaza de cierre de la fábrica, pero esta opción no parece que sea aceptada por el Gobierno central, contraria a utilizar "atajos" legales que lleven a sortear una sentencia y mantener el complejo en dominio público marítimo-terrestre.
De confirmarse esta negativa, decaería esta opción antes incluso de ser analizada por el Consello Consultivo, al que ha acudido la administración autonómica. En concreto, pide que se valore la posibilidad jurídica de modificación de zona de servicio del puerto de Marín con el fin de incorporar a esta el tramo de dominio público marítimo-terrestre “en el que actualmente se encuentran las instalaciones de la empresa Ence (...) dadas las excelentes condiciones de accesibilidad, tanto viarias como ferroviarias, y conectividad marítimo-terrestre que ofrece, dada su proximidad al recinto portuario y la ventaja competitiva que ello supone en cuanto a costes operacionales”, según indicó la propia Autoridad Portuaria en la información remitida a la Xunta.
En el informe elaborado por el puerto de Marín se señala que los efectos de la posible anulación de la citada concesión “produciría una reducción drástica de la flota de transporte y de sus servicios auxiliares, mermando la capacidad logística de la que dispone el Puerto. Esta desaparición tendría, además de en el tráfico portuario, unas importantes consecuencias económico-financieras, de competitividad y de carácter social”.
