El concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que solo oferta 12 plazas en los distintos puestos de trabajo en el centro penitenciario de A Lama, ha desatado las críticas de la sección sindical de ACAIP-UGT, mayoritaria en la cárcel pontevedresa, que reitera "la necesidad y urgencia de cubrir el total de puestos vacantes" en esa prisión, que se cifra en 65.

El sindicato señala que "las plazas convocadas en concursos de traslados y en las distintas ofertas de empleo público ni tan siquiera consiguen cubrir una reposición vegetativa en nuestro centro de trabajo. Las jubilaciones y el paso a segunda actividad generan un número de vacantes (sobre todo en el área de seguridad en Vigilancia Interior) que aumenta la preocupación de una plantilla con una edad media de 52 años".

Añade que "este número de vacantes merma la seguridad de los funcionarios y los propios internos, así como dificulta el cumplimiento del mandato constitucional de orientar las penas y medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social".

Además, ACAIP-UGT denuncia "la supresión, a partir del 1 de noviembre para el área de vigilancia y del 15 de septiembre para el área de oficinas, de los horarios que se establecieron por causa de la pandemia causada por el COVID en una reciente resolución dictada por el Secretario General que aumentará el riego de contagio entre los trabajadores, al generar un mayor número de relevos entre los mismos en el área de Vigilancia Interior y hacer coincidir a un mayor número de trabajadores en el área de oficinas al mismo tiempo".

"Entendemos que este tipo de decisiones en las que se ignoran las aportaciones de la parte social, no hace más que dar continuidad a una línea marcada por el Secretario General, en la que ni una sola de las reivindicaciones laborales que permitan mejorar nuestras condiciones de trabajo son atendidas, como así venimos denunciando en ACAIP-UGT desde hace ya más de tres años", agrega la central, que solicita para la prisión de A Lama "una dotación de personal que cubra en su totalidad la relación de puestos de trabajo en aras de la prestación de un servicio público eficaz y eficiente, así como la supresión por parte de la Secretaría General de la resolución que anula la cadencia de turnos establecida en la actualidad".