Aún falta mucho para que se aclare del todo el futuro de Ence en la ría de Pontevedra, ya que el recurso (o recursos) ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión de Costas abren un nuevo (y largo) paréntesis en esta larga batalla. Pero todas las partes implicadas, en especial la compañía, ya trabajan desde hace tiempo en explorar y plantear las posibles opciones. El peor de los escenarios para los trabajadores es el cierre de la fábrica de Lourizán, que supondría la pérdida de los puestos de trabajo y un volumen de negocio para la compañía que oscila entre los 190 y los 230 millones. Es el abanico aproximado de los últimos resultados del recinto pontevedrés en las cuentas de Ence.
Dentro de ese “peor escenario” al que se podría enfrentar Ence en el caso de que la Justicia determinase la nulidad de la concesión de la prórroga, que es el cese de la actividad en la fábrica de Pontevedra, son muchas las fuentes consultadas que apuntan a la posibilidad de que el Estado tuviese que indemnizar finalmente a la pastera por las fuertes inversiones que se realizaron vinculadas, precisamente, a la prórroga de la concesión.
Las actuaciones se llevaron a cabo amparadas por una prórroga concedida por la propia administración y, además, estaban ligadas a ella por lo que podrían exigir una compensación en los tribunales.
Las cantidades, en este caso, no serían pequeñas. En total, Ence había comprometido 61 millones de inversión vinculados a estos diez años a mayores de prórroga de la concesión de 50 años que sumarían el total de 60. Aunque el grado de ejecución de estas inversiones no ha trascendido, la propia Ence informaba en su memoria de 2017 que, en aquellas alturas, ya se habían invertido al menos 31 millones en las mejoras vinculadas a la prorroga. Además de aquellas actuaciones para mejorar la eficiencia y capacidad de producción de la fábrica, la empresa actuó para minorar las emisiones de ruido y olorosas de la fábrica, reducir su consumo de agua y tiene en marcha su proyecto de integración ambiental, entre otras actuaciones.
Hace unos meses, en una respuesta en el Congreso, el Gobierno central advertía de que cualquier posible cierre de planta, indemnización y actuación sobre los terrenos actualmente ocupados por la planta, “quedan supeditados al pronunciamiento de los tribunales”. La Audiencia Nacional ha sido el primer paso, pero aún quedan otros por dar.
En círculos económicos se apunta a que, en caso de tener que desmantelar la planta, el coste sería de algo menos de 200 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden a la pérdida directa de ese activo, mientras que el resto correspondería a las obras de desmantelamiento y al correspondiente expediente de regulación de empleo de la plantilla.
En el otro lado de la moneda aparece una hipotética victoria judicial en el Tribunal Supremo por parte de la compañía, que vería así como se deroga la sentencia de la Audiencia Nacional y obtendría vía libre para continuar en Lourizán al menos hasta 2073.
Y una tercera vía es un traslado, o construcción de una nueva fábrica, una operación que en su día se cifró en unos 700 millones de euros, cantidad que Ence no está dispuesta a asumir. Al menos en solitario. Al margen de que la empresa insiste en que no hay ubicaciones disponibles en Galicia para una planta de este calibre y con las condiciones de agua, superficie que se necesita, desde hace unos meses se apunta a los fondos europeos de recuperación Next Generation como posible fuente de financiación.
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, planteaba esa vía en abril pasado. Aunque su postura es contraria a cerrar la fábrica, y menos en medio de la crisis actual (con el añadido de que desde Galicia no se han pedido estos fondos entre los proyectos ya seleccionados”, Feijóo comentaba entonces que “el Gobierno es el que decide, puede decidir perfectamente dejar una partida de fondos con cargo al Ministerio de Transición Ecológica, de Industria, al que consideren oportuno, para ubicar una pastera en Galicia”. Por tanto, el tablero de juego aún no está ni mucho menos despejado.
Casado y Feijóo culpan al Gobierno y Rajoy evita pronunciarse
El Congreso del PP gallego, que reeligió ayer a Alberto Núñez Feijóo por quinta vez al frente del partido, no pasó por alto la situación de Ence después de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Feijóo, junto al presidente de su partido, Pablo Casado, y al vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, apuntaron al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación a la que se ha llegado. Mientras, interpelado a su llegada al congreso, Mariano Rajoy evitó pronunciarse y tampoco abordó esta cuestión cuando tomó la palabra en la clausura del congreso. Los demás dirigentes se refirieron a la situación en sus respectivas intervenciones.
Así, el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, recordó que el congreso tenía que haberse desarrollado en la ciudad del Lérez, pero la situación de la pandemia obligó a cambiar la ubicación, a lo que agregó que “ayer (por este viernes), no fue un buen día” para la capital. Al hilo de ello, acusó al BNG y al PSOE, “con toda la tranquilidad del mundo”, de “estar en camino de dejar sin trabajo a más de 500 personas”. “Ahora el PSOE dice que no es cosa de ellos y el BNG que lleva trabajando años” en contra del empleo de la ciudad, “ayer (por este viernes) dio un paso más”. Rueda lamentó que “estén contentos y felices”, mientras que “mucha gente que depende de las industrias estaban (ayer) en la calle”, en referencia a la manifestación del viernes en la que participaron varios dirigentes populares.
También el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, en su discurso tras ser reelegido por quinta vez, censuró que el Gobierno central no defendiese la continuidad de la empresa y aseguró que la Xunta trabajará por evitar que las familias “pierdan los empleos”. Por su parte, en el transcurso de su discurso, el presidente del PP nacional, Pablo Casado, mostró su compromiso con la Galicia industrial, que ve que la “demagogia de un gobierno que se lleva por delante a Meirama, Alcoa, se quiere llevar ahora por delante a Ence, por una inacción en la defensa de los intereses de centenares de familias que necesitan una explicación fuera de una ideología dogmática para acaparar un titular”.
