“¿Sabe usted por qué está aquí?”, preguntó la presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial a un acusado de agresión sexual, malos tratos y amenazas a su pareja. “Yo no hice nada”, contesta él.
“Le pregunto si conoce los hechos de los que se le acusa”, insistió la magistrada. “Estoy tomando medicación y no sé”, respondió el encausado.
Después de una confusa conversación en estos términos, en la que la presidenta del tribunal llegó a preguntar al acusado si “se entera de lo que pasa aquí” y éste respondiese que “un poco sí que me entero”, el tribunal de la Audiencia de Pontevedra decidió hacer un receso en la vista que se celebró ayer, para pedir la asistencia de una médico forense que reconociese al imputado y determinase su capacidad para declarar.
Se juzgaba a un vecino de Pontevedra acusado de los delitos de malos tratos sobre la mujer, agresión sexual y amenazas leves. En sus primeras declaraciones ante el tribunal de la Audiencia, el hombre suscitó serias dudas sobre su capacidad para declarar. Su abogado aclaró que el hombre, que se encuentra bajo tratamiento médico, había ingerido “unas siete pastillas” antes de iniciarse la vista. El acusado corroboró las palabras de su abogado: “Estoy tomando medicación”.
El hombre fue evaluado a continuación por la médico forense, quien, tras entrevistarse con él y chequear su estado de salud, declaró que el individuo podía ser juzgado con garantías porque “es consciente” del proceso judicial al que está sometido y sus posibles consecuencias. La perito determinó que el acusado “tiene recuerdo de los hechos” por los que está encausado y “responde con toda claridad y con toda prudencia”, si bien en algunas ocasiones “dice que no entiende lo que se le pregunta”.
Tras este análisis forense, se retomó la vista en la que el acusado anticipó que solo respondería a las preguntas de su abogado. A continuación, la víctima testificó a puerta cerrada y tras un biombo, para evitar la confrontación visual con el imputado. También lo harían así sus hijos.
La Fiscalía pide nueve años y cuatro meses de prisión para este pontevedrés que está acusado de haber maltratado y haber agredido sexualmente a su expareja, tras no aceptar su separación después de poco más de un año de relación.
