Con la Xunta tratando ahora de acelerar las medidas para cumplir, en menos de dos años, con la orden europea de recoger y reciclar la materia orgánica, el municipio de Pontevedra ya cuenta con un camino recorrido bastante amplio, desde hace unos años, con la puesta en servicio de una amplia red de una treintena de centros comunitarios de compostaje en el casco urbano, 3.000 composteros individuales en las parroquias y más de 2.000 domicilios y establecimientos adheridos ya al sistema de recogida en el contenedor marrón.
Este despliegue, que comenzó hace unos años, ha comenzado a dar sus frutos más visibles en los últimos meses. Así se pone de manifiesto en los datos oficiales del Concello relativos a la basura depositada en los composteros comunitarios y en el contenedor marrón a lo largo de 2020, así como el envío real de basura a la planta de Sogama en Cerceda.
En este último caso, el pasado año concluyó con la cifra más baja de la década, un total de 28.282 toneladas. Son 1.200 toneladas menos que las remitidas a Sogama en 2019 (entonces fueron 29.479), lo que supone una reducción de cien toneladas al mes. Esto no solo significa una reducción de los residuos que se incineran y, por tanto, contribuyen con ese modelo al cambio climático, sino que también implican un ahorro económico para el Concello, que deba de pagar alrededor de 70 euros por cada tonelada que deja de enviar. Así, en 2020 las arcas municipales pagaron alrededor de 170.000 euros menos a Sogama.
Con respecto a los datos de 2010, el recorte es aún más significativo, ya que aquel año se enviaron a Cerceda 30.777 toneladas (casi 2.500 más que ahora), lo que se traduce en 375 kilogramos por persona y año. A día de hoy, esa relación per cápita es bastante más reducida, apenas 340 kilos.
Según los datos oficiales del Concello, la red de composteros comunitarios existentes en barrios de la ciudad (desde Campolongo hasta Valdecorvos, pasando por A Parda, Monte Porreiro e incluso el campus) recogió el pasado año 322,4 toneladas de materia orgánica. Esta cifra es un 70% más alta que la cantidad reunida en 2019, que fue de unas 190 toneladas. En 2016, cuando comenzó este sistema, apenas se sumaron 27 toneladas, por lo que en cinco años la materia orgánica transformada en compost en estos recintos se ha multiplicado por doce.
A estos datos de los centros comunitarios se debe añadir la materia orgánica depositada en los contenedores marrones que comenzaron a instalarse en las calles del centro en julio pasado. En menos de seis meses el balance fue de 357 toneladas en estos recipientes que solo se abren con una tarjeta magnética que poseen los 2.000 pontevedreses adscritos a este sistema.
Eso sí, la propuesta “estrella” del plan municipal –una planta propia de compostaje en A Canicouva– ha quedado “congelada”, sin obra alguna en cinco años, pese a que se mantiene el pago del alquiler de los terrenos a los comuneros
El gobierno local atribuye la reducción de los envíos a Sogama (un 8% en una década y un 4% solo en el último año) no solo a la red cada vez más amplia del Plan Composta, sino también al aumento notable de la recogida selectiva de vidrio, papel y envases, que no entran en las estadísticas de Sogama.
Cada año, los pontevedreses depositan en los contenedores específicos de envases, vidrio y papel unos 41 kilos de estos materiales por persona. Esto significa un total de 282 toneladas de ese tipo de basura al mes, una cifra nunca alcanzada hasta ahora en la ciudad, según los datos de Ecoembes y Ecovidrio, empresas que gestionan el reciclaje de estos residuos. Solo en vidrio, papel y cartón y envases las cifras actuales suponen un significativo aumento de más de 50% con respecto a lo que se depositaba hace solo cinco años, cuando apenas se llegaba a 185 toneladas mensuales. En la actualidad, los iglús azul (papel y cartón), amarillo (envases) y verde (envases) reciben unas 3.400 toneladas en un año, frente a las 2.200 de hace cinco años.
Una red autonómica
Cinco años después que el Concello, la Xunta ha comenzado ahora a diseñar una red de infraestructuras industriales para la valorización de la materia orgánica, formada por las cuatro plantas de biorresiduos construidas por la Xunta y 13 más de transferencia , que se construirán y actualizarán, una de ellas en A Lama, que ya está en licitación por 1,2 millones de euros. Este nuevo recinto de transferencia sustituirá a la microplanta que ha estado en funcionamiento desde hace años en este municipio.
Las cuatro nuevas plantas de biorresiduos estarán ubicadas en los municipios de Cerceda, ya operativa, Vilanova de Arousa, Cervo y Verín. En conjunto, podrán procesar 46.200 toneladas de residuos orgánicos y material estructurante al año. Además, también se mejorarán las plantas de transferencia en Chantada, Sarria, Vigo, Silleda, A Rúa, Narón y O Porriño) y en el caso de la de Cee se ubicará en el polígono industrial, donde se construirá una nueva. La Xunta recuerda que la Unión Europea se ha planteado, a finales de 2023, el reto de haber implementado la recogida selectiva de materia orgánica a través del contenedor marrón.
Crece la gestión de residuos en el Puerto
La concienciación ambiental cala en todos los sectores y un ejemplo de ello es el Puerto de Marín. En 2014 apenas se habían recogido en sus instalaciones unas 460.000 kilos de residuos de todo tipo (desde basura asimilable a la doméstica, hasta redes, madera o plásticos). Seis años después, esa cifra se ha disparado hasta 1.056.652 kilogramos, que corresponden a 2019, último año con un balance oficial en la Memoria Medioambiental de la Autoridad Portuaria.
Este aumento es especialmente significativo en materiales como el papel (que pasó de 6.500 kilos a más de 345.000) y plásticos (de 11.300 a 255.000 kilos), mientras que la madera, el poliespán o el vidrio presentan oscilaciones a lo largo de los años. En cambio, la recogida de redes es más estable y en 2019 se acumularon 103.000 kilos, los mismos que en 2014. La Memoria Medioambiental de 2019 del Puerto también hace referencia a la contaminación marítima, la calidad acústica y los posibles vertidos a las dársenas, que se atribuyen a “aguas residuales no depuradas, vertidos no reglamentarios de buques, derrames en la carga o descarga de graneles o repostaje de buques”, entre otros.