Una vecina de Pontevedra, Rocío P. F., acusada de estafar y robar en su vivienda a una mujer dependiente a la que cuidaba, reconoció esta mañana los hechos en la Audiencia Provincial de Pontevedra y aceptó una condena de tres años y nueve meses de prisión como autora de un delito continuado de estafa y otro de robo con fuerza en casa habitada.

Estaba previsto que el juicio se celebrase esta mañana en la Audiencia Provincial, pero finalmente no fue necesaria la vista y el proceso se zanjó con una diligencia de conformidad entre las partes. La acusada reconoció parte de los hechos de los que inicialmente le acusaba la Fiscalía y asumió una pena de un año y nueve meses de prisión por la estafa continuada y otra de dos años por el de robo con fuerza. Se le aplica el atenuante de confesión, además del agravante de abuso de la confianza por la estrecha relación que tenía con la víctima por el hecho de ser su cuidadora.

Podrá suspender la condena de prisión si no delinque en cuatro años y medio e indemniza a la víctima

 No obstante, la procesada tiene todas las papeletas para librarse de entrar en prisión, dado que la Fiscalía se mostró favorable a la suspensión de la pena privativa de libertad si la mujer cumple dos requisitos: El primero no volver a delinquir en el plazo de cuatro años y medio. El segundo que satisfaga la responsabilidad civil e indemnice a la víctima con las cantidades sustraídas que, tras el juicio, se reducen a un total de 26.955 euros. Deberá abonar 150 euros al mes, según el acuerdo suscrito esta mañana con la Fiscalía y la acusación particular. También deberá cumplir trabajos en beneficio de la comunidad.

Se apropió de dinero y joyas por valor de 26.955 euros, cantidad que ahora deberá devolver si no quiere ingresar en la cárcel

La acusada realizó labores del hogar y de cuidado personal de la víctima entre junio de 2017 y abril de 2018. La víctima padece muchos problemas de salud y limitaciones graves de movilidad que la obligan a desplazarse en silla de ruedas y es dependiente para muchas tareas básicas de su vida diaria. Para realizar estos quehaceres, la acusada disponía de llaves de la vivienda y tenía acceso a las dependencias de la casa. Debido a la buena relación y de confianza que se estableció entre ambas, la víctima facilitó a la acusada el pin de su tarjeta bancaria y las claves de la banca online que utilizó para apropiarse de diversas cantidades de dinero. También conocía la ubicación de una caja fuerte y de la llave que la abría y en el que la víctima guardaba joyas y otros elementos de valor que sustrajo y vendió en tiendas de segunda mano. Según el acuerdo de conformidad, solo accedió a la caja fuerte en una ocasión. En total, el acuerdo fija en 26.955 el valor de las joyas y del dinero del que se apropió, pese a que inicialmente se le reclamaban por la Fiscalía penas de 9 años de prisión y se calculaba el perjuicio causado a la víctima en unos 50.000 euros. Y es que se retiró de la acusación unas supuestas transferencias bancarias de dinero que no quedó acreditado que las realizase la acusada.