El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer (con los votos en contra de los diputados del PP) la interposición de un recurso contencioso-administrativo para que la Xunta de Galicia ejecute las obras de conservación necesarias para le mantenimiento de la zona noble de la Finca de Lourizán.

El diputado Carlos Font explicó que "a vía do contencioso chega despois dos sucesivos incumprimentos da Xunta dos convenios que lla obrigan a realizar as obras de conservación do Pazo, e despois de ata catro requerimentos á Consellería sen que nunca houbera unha soa resposta pola súa parte. Polo tanto, presentamos este recurso para defender unha xoia pública de todas as pontevedresas e pontevedreses que ven frustradas as súas expectativas de gozar do patrimonio histórico e arquitectónico pola inacción da Xunta".

Font recordó que la finca de Lourizán donde radica el Pazo, obra de Genaro de la Fuente, residencia de Montero Ríos, inmueble histórico catalogado y al que los historiadores le confieren la condición de ser el centro político de la restauración española, está cedida durante 30 años por la Diputación a la Xunta por un convenio de colaboración del 22 de enero de 1991, modificado posteriormente el 21 de enero de 2000, en el que se cedió la finca y también todos los edificios, instalaciones y plantaciones existentes en la misma. Así, las obligaciones de la Xunta, tanto en el convenio original como en el modificado, establecen que le corresponde efectuar las obras de conservación para el mantenimiento de la zona noble del conjunto.

El diputado habló de "desprecio" por parte del Gobierno gallego "hacia o Pazo de Lourizán, á Deputación e tamén á cidadanía", recalcando que "non atende ás súas competencias e desoe os seus compromisos", calificando su actitud como "incomprensible".

Reforzó esta postura el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, insistió en varias ocasiones que el organismo provincial está "disposto a cederlle a propiedade da finca, do Pazo... do que queira, e que asuma a súa competencia".

La diputada del Partido Popular Pepa Pardo lamentó que se haya llegado a la vía judicial, pues recordó que durante su discurso de toma de posesión la presidenta, Carmela Silva, "hablaba de diálogo, consenso y mejora de las relaciones con la Xunta" y considera que esta actuación supone un acto de falta de "lealtad institucional". Pardo se refirió al "afán de confrontación" de la Diputación con la Xunta y habló de un "recurso innecesario y abocado al fracaso".

"La Xunta, en 2016 y 2017, trasladó un proyecto de reforma del Pazo de Lourizán ambicioso y viable al cien por cien. Supondría recuperar el esplendor de una joya del patrimonio histórico a coste cero para la Diputación, pero lo rechazaron por motivos partidistas y políticos, dejando caer el Pazo en el ostracismo", apuntó la diputada popular, que recalcó que, según la Lei de Rehabilitación de Galicia, "son los propietarios los que tienen que llevar a cabo las obras de conservación, mantenimento y rehabilitación, y es la Diputación la propietaria del Pazo de Lourizán".

López Font respondió señalando que la inversión que preveía la Xunta en el proyecto citado por Pardo era de cinco millones de euros, "cando a intervención que hay que facer chega aos catorce millóns". En este sentido, el diputado insistió en que el único objetivo de la Xunta era "lavarlle a cara a Ence".