Un total de 6.401 vecinos de la capital han resultado finalmente afectados por la polémica regularización catastral emprendida por el Ministerio de Hacienda en 2013, y más de 25.300 en los catorce municipios de Pontevedra y su entorno, Al menos, estos son los inmuebles localizados por el Catastro durante las inspecciones realizadas en los últimos años -en 2018 en el caso de Pontevedra- y que estaban hasta ahora ocultos al fisco, lo que supone el 3% de todas las fincas, urbanas o rústicas, existentes en toda la comarca.
Hacienda acaba de hacer públicos los resultados definitivos de estas inspecciones, con la inclusión de los datos de Pontevedra, Barro, Cotobade (Cerdedo ya estaba analizado desde 2016) Cuntis, A Lama y Sanxenxo, todos ellos revisados a lo largo del pasado año. En toda la provincia se destaparon 113.359 edificaciones, desde nuevas construcciones y reformas, hasta piscinas y galpones, que no estaban dadas de alta. El 37% corresponde a inmuebles nuevos, el 50% a ampliaciones, el 10% a reformas y cambios de uso, y un 3% a piscinas.
En el caso del municipio de Pontevedra, el Catastro contabiliza a día de hoy un total de 162.988 inmuebles, de los que 6.501 no estaban dados de alta hasta ahora, es decir, el 3,4%. La inmensa mayoría de las edificaciones regularizadas (6.025) corresponde a fincas urbanas. Además, más de la mitad (el 53,45%) eran nuevas construcciones y el resto fueron ampliaciones y rehabilitaciones. No se dieron casos de reformas o piscinas. En este último apartado, el municipio donde se destaparon más instalaciones de ocio de este tipo es Poio, donde las piscinas suponen el 6% de todas las construcciones que no estaban dadas de alta.
En la comarca son Sanxenxo y Marín los territorios más afectados en relación con sus altas totales. En el primer caso, cuya revisión finalizó el 31 de diciembre pasado, se destaparon 3.828 inmuebles ocultos al fisco, el 5,6% del total, en especial ampliaciones y rehabilitaciones, mientras que en Marín se localizaron 3.054, el 5,1% de las altas totales. En este caso, los trabajos del Catastro fueron anteriores, concluidos en marzo de 2016.
Por fases
Aunque las inspecciones comenzaron en 2013, en la comarca se llevó a cabo por fases. Hasta diciembre de 2014 fue el turno de Campo Lameiro (194 inmuebles destapados), Moraña (913) y Ponte Caldelas (1.042). Después, en marzo de 2016 fue el turno de Caldas de Reis (2.011 fincas ocultas al fisco), Cerdedo (183) y Marín (3.054).
En abril de 2017 concluyó la revisión de Vilaboa, con 1.571 inmuebles localizados, y en octubre de ese mismo año finalizó la tarea en Portas (542) y Poio (2.299). Por último, el 31 de diciembre del pasado año se dio carpetazo en todo el proceso con la inspección de Barro (628 construcciones regularizadas), Cotobade (793), Cuntis (1.344), A Lama (401), Sanxenxo (3.828) y Pontevedra (6.501).
Efectos en el IBI
Esta regularización, al margen de los 60 euros por inmueble que hay que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización expres en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.
Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se hace notar con más incidencia en el bolsillo de los vecinos del rural ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
La mayor parte de las altas incluidas en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguieron sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.
