La sentencia judicial que culpa al Concello de Vilanova de fraude de ley respecto a decisión de la Diputación de Pontevedra de negar la subvención de 1.500.000 para el proyecto del centro de talasoterapia, ha vuelto a derivar en un cruce de declaraciones entre Gonzalo Durán y Carmela Silva.
El fallo señala que el gobierno vilanovés presentó el último día del plazo disponible un proyecto sobre unas obras ya ejecutadas, para con ello ganar tiempo para presentar el proyecto real en una esperada ampliación del plazo que nunca fue aprobada en el pleno provincial. Tras lamentar el sentido de la sentencia y respetando el criterio del tribunal, Durán deja claro que "se nos abren otras vías por las que vamos a seguir. La primera es apelar la sentencia con todo el respeto al tribunal que la dictó. No estamos de acuerdo y vamos a apelar".
Una de las bases del recurso de Gonzalo Durán es que "hemos tenido acceso a una documentación y a la declaración de funcionarios que obviamente nuestros abogados no podrían haber conseguido si no se iniciase una causa judicial". Va más allá el edil vilanovés al afirmar que "toda esa documentación nos hace ver una serie de irregularidades".
