Los vecinos de Loureiro Crespo y San Antoniño están a punto de poner fin a doce años de espera, quejas y temor a un posible accidente en el abandonado cuartel de la Guardia Civil. La empresa DomusVi, ha comenzado los trabajos de demolición de esa ruinosa edificación de los años cuarenta, una labor por la que llevaban más de una década suspirando.

Una firma especializada de Pazos de Borbén, Sánchez Álvarez, ya ha emplazado sus carteles, vehículos y operarios en el deteriorado inmueble y ya realiza las primeras tareas de demolición interior, unos trabajos que comienzan menos de un mes después de que el Concello otorgara la licencia de derribo, lo que demuestra el especial interés de DomusVi por acelerar esta tarea y proceder después a levantar su primer geriátrico de la ciudad en esos terrenos.

Esta empresa del sector sociosanitario adquirió al Estado el viejo cuartel en marzo pasado y a principios de septiembre recibió la autorización del Concello para acometer el derribo de esa abandonada edificación, entre las calles Loureiro Crespo y Casimiro Gómez.

Según aquel permiso, los trabajos rondan los 240.000 euros y el plazo máximo otorgado por el Concello para esta demolición es de seis meses, por lo que podría estar concluido a principios de 2019, año de previsible ejecución de la residencia, para su apertura en 2020.

La piedra se conserva

La previsión es eliminar la totalidad de la vieja Comandancia salvo la fachada de piedra de la planta baja, que se integraría en la nueva residencia. Mientras se lleva a cabo esta primera fase del plan el gobierno local pretende completar la tramitación urbanística del geriátrico, más larga ya que precisa de otros informes y permisos ajenos al Concello.

El derribo del viejo cuartel es una demanda de los vecinos desde hace años y servirá para "eliminar ese foco de inseguridad e insalubridad". Poco después del traslado del instituto armado a la Comandancia de A Caeira, en 2006, el edificio ya se convirtió en albergue de "okupas" y fue escenario de incendios y otros problemas. Hace unos días, curiosamente, el Gobierno central hacía pública una respuesta en el Congreso sobre el proceso de venta, a preguntas de la diputada de En Marea Ángela Rodríguez. En ella se apuntaba que la subasta del inmueble se llevó a cano después de que ninguna administración pública mostrara su interés por su compra y se añade que "los inmuebles puestos a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE) en ningún caso se encuentran en estado de abandono, sino que atienden todos los deberes y obligaciones derivadas de dicha puesta a disposición".

Insiste la respuesta en que "el citado inmueble en ningún momento estuvo abandonado", pese a los evidentes signos que así lo mostraban durante doce años.

Según el proyecto de demolición, la parcela mide 1.786 metros cuadrados y el cuartel actual tiene unos 4.500 metros cuadrados construidos. Se estima que habrá que retirar alrededor de 17.800 metros cúbicos de material.

Tras adquirir el viejo cuartel por 1,4 millones, la empresa invertirá 7.800.000 euros en la futura residencia para personas mayores, que ofrecerá 118 plazas privadas con servicios especializados y "con los altos estándares de calidad habituales en sus inmuebles de nueva construcción".

Con esta nueva residencia, DomusVi continúa su plan de expansión por toda España y suma un nuevo centro a su red. La residencia tendrá seis plantas dedicadas enteramente a la atención de las necesidades de las personas mayores. De este modo, las primeras se destinarán a las zonas de recepción, administración y terapias, gimnasio, sala de convivencia, comedor, cafetería y jardín; y entre la tercera planta y la sexta, se distribuirán las 46 habitaciones individuales y 36 dobles de las que dispondrá el centro. En la edificación destaca la terraza superior donde se habilitará un huerto urbano para disfrute de los mayores más vinculados al cultivo de la tierra. Además, tendrá una plantilla profesional multidisciplinar de unas 65 personas. DomusVi ofrece seis centros más en la provincia poniendo a disposición de la población pontevedresa 874 plazas residenciales y 170 de centro de día. Con este nuevo centro, la compañía afianza su posición de liderazgo en Galicia donde gestiona 31 residencias y ofrece cerca de las 4.200 plazas.