Tras una anterior suspensión en el mes de septiembre, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra volvió a aplazar ayer la celebración de la vista oral de la macrocausa por fraude a las compañías aseguradoras de vehículos que cuenta con más de veinte personas acusadas en el banquillo.
Esta suspensión fue obligada, en cierta manera, por la ausencia de dos acusados con los que no se ha podido contactar al encontrarse en México, por lo que la Audiencia iniciará ahora un proceso para tratar de notificarles una nueva fecha de juicio. Con todo, en esta ocasión el aplazamiento le vendrá bien a la causa dado que todo hace indicar que gran parte de los acusados van a zanjar el caso alcanzando un pacto con el fiscal que permitirá rebajar la pena de cárcel que se solicita así como las indemnizaciones que se les reclaman. Un acuerdo que se firmará en los próximos días en sede judicial y que permitirá simplificar enormemente el proceso judicial al incluir en los acuerdos a cerca de una quincena de los acusados.
Fue una denuncia por un falso robo de un Renault Laguna presentada ante la Policía Local de Pontevedra la que destapó el entramado. Los agentes de la ciudad del Lérez tiraron del hilo y se comenzó a destapar uno de los mayores entramados de estafas a aseguradoras en accidentes de tráfico descubiertos en Galicia. Aquella investigación, bautizada como "Operación Poza" acabó por llevar ante el juez a esta veintena de personas entre las que se encuentran desde los responsables de un taller de Pontevedra, a un perito que supuestamente hacía la vista gorda y los propietarios de alguno de los vehículos que colaboraron en estos fraudes.
Accidente falso en O Pontillón
El modus operandi era variado, Así, en varias ocasiones se detectó que los acusados se hicieron con vehículos que quedaron absolutamente inutilizados durante las inundaciones que se produjeron en Vilagarcía de Arousa en diciembre de 2006. En algunos de los casos eran trasladados a un taller de Pontevedra sobre el que gira buena parte de la investigación. Estos coches, por los que sus propietarios ya habían recibido la correspondiente indemnización al ser declarados siniestro total, se volvían a dar de alta posteriormente simulando una reparación inexistente y después se reclamaba al seguro simulando cualquier percance o accidente. Es el caso por ejemplo de un Volvo S-60 que fue declarado siniestro total tras las inundaciones en Vilagarcía. Fue adquirido a su propietario y trasladado a este taller en Pontevedra y tras realizar una venta simulada uno de los acusados trasladó el coche a una zona despoblada próxima al embalse del Pontillón do Castro en Pontevedra y le prendió fuego, procediendo luego a elaborar un parte de siniestro argumentando que el coche comenzó a arder cuando circulaba en él.
En otro caso se simularon accidentes falsos con estos coches utilizando grúas para golpear los vehículos y hacer más creíble su reclamación. Para ello, en algunos casos contaron también con la ayuda, según el fiscal, con un perito de Vigo que omitía los daños anteriores que ya presentaban los vehículos.
En otro de los casos, algunos de los imputados adquirieron los restos de un Mercedes E320 que sufrió un grave accidente en Guitiriz y tras una reparación parcial que solo afectaba a las piezas exteriores dañadas, que fueron sustituidas, lo llevaron a un lugar de la carretera ente Cuntis y Moraña y simularon un accidente.
