Cuando Javier L. P. fue detenido en la propia Comandancia de Pontevedra intentaba abandonar estas instalaciones portando un "pendrive" que incluía datos sobre la filiación, domicilio, nombres de familiares o teléfono de contacto e incluso una fotografía de los miembros del ECO-Galicia. También retiró información con un listado de todos los vehículos policiales camuflados que utilizaban estas unidades antidroga.

En su declaración, el agente se justificó afirmando que llegaba de un periodo de baja y que por este motivo se llevaba para casa el listado de vehículos dado que él era el responsable de mantener al día el parque móvil de la unidad. En cuanto a los datos personales de sus compañeros, afirmó que era simplemente para ver cuando habían pedido las vacaciones para así poder buscar un hueco en el que programar él las suyas, una respuesta que extrañó enormemente a la fiscal.

Sobre los informes operativos, seguimientos, informes de instalación de medios técnicos de seguimiento o investigación policial o la lista de confidentes (incluso algunas fichas personales de los colaboradores de la Guardia Civil) que supuestamente retiró de la oficina dio varias versiones. Aludió a intercambios normales de información entre compañeros o fuerzas de seguridad (aunque luego reconoció que el método oficial par estos intercambios es siempre a través de un superior y con su supervisión) o a la necesidad de llevar documentación para trabajar en casa, entre otros. El juicio continúa hoy.