La "discriminación inversora" de la Xunta a los concellos del entorno de Ponte Caldelas es el objeto de las preguntas presentada por la diputada socialista Patricia Vilán para su respuesta en la Comisión de Administración Xeral del Parlamento de Galicia. La iniciativa está auspiciada por el alcalde caldelán, Andrés Díaz, después de constatar "la enorme diferencia existente en el volumen inversor de cuatro consellerías en esta zona geográfica".
El texto de la iniciativa socialista, que viene a sumarse a la protesta elevada ante la Comisión Europea por el "reparto caciquil" en los fondos europeos repartidos por la Xunta en el marco del Plan de Emerxencias por las inundaciones del último invierno, pregunta directamente por las inversiones realizadas por la Xunta desde junio de 2015 en Ponte Caldelas, Cotobade (hasta la fusión con Cerdedo), A Lama y Soutomaior.
Asimismo, la diputada Vilán inquiere sobre las inversiones no solo realizadas, sino también las anunciadas, así como los gastos comprometidos o con reserva presupuestaria.
En su exposición de motivos, la diputada socialista explica que el gobierno gallego está sometiendo a un castigo a los vecinos que "cambiaron de color político" en las últimas elecciones municipales. Explica que se está produciendo un "trato desigual" tanto en la gestión de los fondos propios como en los procedentes de transferencias de la Unión Europea.
El gobierno tripartito caldelán realizó un estudio el pasado mes de septiembre en base a los anuncios realizados públicamente por las consellerías de Presidencia, Infraestruturas, Medio Rural y Benestar Social y llegó a la conclusión de que la Xunta invirtió en este municipio 91 veces menos que en Cotobade y 34 veces menos que en A Lama. La suma de las inversiones anunciadas por la Xunta en los tres concellos hasta aquel mes era de 46.961 euros (Ponte Caldelas), 742.241 euros (A Lama) y 3.146.940 euros (Cotobade). Al tener en cuenta la población municipal, el gasto por habitante resultó ser de 8 euros por habitante en Ponte Caldelas), 278 euros en A Lama) y 726 euros en Cotobade.
El alcalde, Andrés Díaz, vuelve a denunciar esta "evidente discriminación" y asegura que "la mayor parte de esos fondos se reparten a través de convenios interadministrativos a dedo y sin la menor transparencia".
Apoyo de la Diputación
A este respecto, apunta que "hay una discriminación flagrante por parte de la Xunta y por eso, desde Ponte Caldelas, siempre defendimos que a la Diputación le corresponde un papel activo para equilibrar las inversiones públicas en los concellos de menos de 20.000 habitantes de esta provincia".
Díaz pone como ejemplo de esta discriminación el polémico arreglo de la PO-234 que deja fuera a Ponte Caldelas a pesar de contar con el tramo de Laxoso, el más peligroso.
En su opinión, la Xunta "está desequilibrando el mapa provincial, una operación que tiene su origen en el nombramiento de Alfonso Rueda como presidente provincial del Partido Popular".
