Suspendido por enfermedad de un abogado del juicio por el fraude del gasóleo

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra han suspendido este lunes la reanudación del juicio por el conocido como fraude del gasóleo ante la incomparecencia por enfermedad del abogado de uno de los acusados.

El letrado que ejerce la defensa del que fuera jefe provincial en Pontevedra de Vigilancia Aduanera, José Carrón González, no acudió a la sala de vistas al estar recibiendo un tratamiento de radioterapia por un carcinoma, según ha informado en la sala una asistente de este abogado.

El presidente del tribunal, el magistrado José Luis Barreiro, trasladó a este letrado que tiene que garantizar su presencia o designar a un sustituto para poder seguir con el juicio, ya que éste se tiene que celebrar antes del 9 de diciembre, o de lo contrario, no tendrán validez los acuerdos de conformidad alcanzados por la Fiscalía con 12 acusados.

Esta circunstancia ha provocado las quejas del resto de abogados ante el retraso que sufre este procedimiento judicial que comenzó en Ferrol en el año 2000 sobre un fraude en la comercialización de gasóleo ocurrido entre los años 1998 y 2000.

Este retraso ha incluido en la acusación realizada por parte del fiscal jefe de la Audiencia pontevedresa, Juan Carlos Aladro, que reconoce la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Uno de los 23 procesados ha fallecido durante la instrucción de la causa, otro está fugado de la Justicia y contra cinco el fiscal decidió retirar la acusación, de modo que finalmente serán absueltos.

Acuerdos

Mientras, doce de los procesados llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de tal modo que se redujo sustancialmente su condena. Así, confesaron los hechos, aceptaron ser condenados y ya no será necesario que sigan sentados en el banquillo.

De este modo, 16 años después, tan sólo continuará este juicio contra cuatro personas; dos empresarios y dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Contra ellos, el fiscal pedirá que sean condenados a más de 42 meses de prisión --tres años y medio--, suspensión de empleo público para los agentes y el pago de cuantiosas multas por seis delitos contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Fiscal les acusa de retirar gasóleo B, con régimen fiscal suspensivo, del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña) para comercializarlo como gasóleo A a diversas sociedades portuguesas evitando el pago de impuestos.

Además, simulaban utilizar gasóleo B para surtir barcos en distintos puertos gallegos y lo desviaban a un depósito de O Pousadoiro y a una gasolinera de Caldas de Reis para, posteriormente, comercializarlo como gasóleo A igualmente defraudando a Hacienda en el pago de impuestos.