La asociación Salvemos Pontevedra, cuya pelea judicial llevó al Tribunal Supremo a ordenar a Costas a revisar la concesión de Ence en Lourizán, acaba de formular un amplio escrito de alegaciones contra la reciente decisión de ese departamento del Ministerio de Medio Ambiente de resolver ese expediente con una revocación muy limitada de la concesión a la empresa, y admitieron en gran parte su actividad actual, lo que abre la puerta a su continuidad a orillas de la ría. El colectivo acusa a Costas, entre otras cosas, de "soslayar causas reconocidas de caducidad" en su resolución, además de dar por ciertas "simples manifestaciones de la empresa".
En sus alegaciones, Salvemos Pontevedra lamenta las "incoherencias" del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra en el propio documento, como decir que "la depuradora de Placeres o el emisario no suponen una alteración de la finalidad del título" concesional, una "peculiar interpretación que abre la posibilidad de que los terrenos objeto de concesión sean ocupados por todo tipo de actividades ajenas a la misma mientras no impidan ni perturben la actividad principal: casinos, discotecas u otro tipo de actividades más lucrativas no supondrían una alteración de la finalidad del título concesional según este novedoso criterio".
También se reprocha que la condena judicial de 2002 a las empresa por delito ecológico no se considera causa de nulidad de la concesión: "Si una sentencia penal firme no es suficiente para acreditar la concurrencia del incumplimiento del título concesional de adoptar medidas para reducir la toxicidad de las aguas residuales y de las precauciones necesarias para evitar circunstancias molestas y nocivas, solo cabe preguntarse qué clase de catástrofe necesitaría la jefa del Servicio Provincial de Costas que se produjese para admitir que concurre este supuesto". Por ello, Salvemos Pontevedra reclama que se modifique la resolución inicial y se declare la caducidad de la concesión.
