Fueron numerosas y dejaron en evidencia "el cabreo" de los funcionarios y empleados públicos de la Xunta de Galicia que, con la nueva normativa aprobada por el ejecutivo de Núñez Feijóo en la mano, podrán, entre otras cosas, ver reducida su jornada y su salario (es el caso de los interinos); no empezarán a cobrar el 100% de la baja laboral hasta el día 21 o reducidos sus días de asuntos propios.

"Llueve sobre mojado" señalaba una funcionaria a las puertas del edificio judicial de A Parda, uno de los centros de trabajo que ayer fue escenario de concentraciones de protesta.

Ante la sede judicial, pero también ante los hospitales Montecelo y Provincial, ante el Centro de Menores Avelino Montero, ante algunos centros escolares como el de San Martiño de Salcedo y sobre todo ante el edificio administrativo de la Xunta, en Campolongo hubo funcionarios y contratados laborales reclamando "condiciones de trabajo dignas" y "servicios de calidad".

En la mente de todos ellos estaban el recorte salarial del pasado año, la amenaza de quedarse sin pagas extra, la política de no cobertura de bajas y ausencias laborales o la no convocatoria de oposiciones.

Los concentrados ante el edificio de la Xunta, unas trescientas personas, decidieron bajar hasta la avenida Fernández Ladreda y cortar el tráfico, lo que hicieron cruzando y ocupando el paso de peatones más próximo a la entrada principal de la sede administrativa. Mantuvieron esta actitud durante diez-quince minutos lo que obligó a la Policía Local a intervenir para reconducir el tráfico para evitar atascos.

Las concentraciones de ayer son un primer aviso. Los trabajadores públicos de Pontevedra volverán a salir a la calle el próximo día 23 de febrero. En esa ocasión protagonizarán una concentración-manifestación en la plaza de A Peregrina,a partir de las 19.00 horas.

Los sindicatos convocantes de las protestas –CIG, CSIF, CC OO y UGT– no descartan la convocatoria de una huelga general en la función pública.

Los trabajadores de la administración están "hartos" de ser utilizados como chivo expiatorio por la Xunta y el Gobierno y exigirán en la calle que se restituya sus derechos salariales y laborales, lo que redundará en una mejor calidad de los servicios públicos.