Ocho personas se sentarán los próximos días 19 y 20 de este mes en el banquillo del juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra acusados de un importante fraude a la Hacienda Pública través de la distribución de gasóleos adulterados que no solo les permitió defraudar al fisco una cantidad que ronda los 400.000 euros, según el fiscal, sino que causó daños materiales en los vehículos que utilizaban este combustible.
Según el escrito de acusación provisional elaborado por el Ministerio Público, la trama gira en torno a una firma establecida en el municipio pontevedrés de Silleda, Gasóleos Galicia, de la que era administrador el principal acusado, Francisco Manuel José F. R., y que contaba con la pertinente autorización para el suministro de combustible a instalaciones fijas, lo que le permitía recibir y expedir hidrocarburos con impuesto reducido o incluso exento.
Gasóleo bonificado
Según el fiscal, "la empresa almacenó tanto gasóleos bonificados como exentos, además de gasóleo de automoción, y también mezcló aceite base, con el que adulteró los hidrocarburos mencionados, alterando las cifras resultantes de la contabilidad" con el objetivo de "dejar de ingresar a la Hacienda Pública, en la liquidación del Impuesto Especial de Hidrocarburos, la cuota correspondiente al exceso de litros de hidrocarburos resultante".
El fiscal también asegura que el principal imputado, con ayuda de otro de los acusados, logró suprimir al gasóleo bonificado y exento de impuestos que adquiría tanto el colorante como los marcadores y trazadores que lo identifican con el objetivo de vender como gasóleo de automoción el que él compraba a tipos reducidos o exentos. Añade que también "se alteró la contabilidad" de la empresa para cuadrar todos estos movimientos.
Mezclado con aceite
En el escrito de acusación del Ministerio Público también se acusa a los imputados de "llegar a adulterar el gasóleo de automoción almacenado en sus tanques con aceite base". Una mezcla que posteriormente, siempre según la versión provisional del fiscal, comercializaba como gasóleo de automoción alterando la cuantía de litros en depósitos y la contabilidad de su facturación. Asegura el acusador público que los administradores de Gasóleos Galicia no sólo eran conscientes de las irregularidades contables que se realizaban, sino también "de la segura producción" de daños materiales en los vehículos y maquinaria que utilizasen los gasóleos adulterados que vendía. Añade el fiscal que también eran sabedores de que el consumidor recibía "un producto de calidad muy inferior a aquel cuyo importe abonaba" ya que "pagando el precio correspondiente a gasóleo A se estaba recibiendo gasóleo mezclado con una importante cantidad de aceite". Con todo, se desconoce el número exacto de perjudicados por la adquisición del combustible de mala calidad y la cuantía de los daños causados.
Daños en maquinaria
No obstante, el fiscal sí apuntó un ejemplo concreto, el de una empresa pontevedresa de transportes que contrató con Gasóleos Galicia el suministro de combustible entre enero de 2003 y julio de 2004, "sufriendo como consecuencia de las alteraciones realizadas" daños en su maquinaria que todavía están por determinar, pero en todo caso superiores a 400 euros.
Añade el fiscal que para ejecutar estos hechos se tuvieron que realizar alteraciones en facturas y en la contabilización de las mismas, en algunos casos modificando las cuantías de las facturas aunque obedeciesen a una operación real, y en otros creando nuevas facturas sobre operaciones no efectuadas.
Multas millonarias
El fiscal solicita inicialmente una pena de ocho años de prisión para el acusado principal, Francisco Manuel José F. R., como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. Además, le reclama el pago de una multa de 1.197.029 euros. Asimismo, solicita la misma pena y multa para el resto de los acusados como cooperadores necesarios. Entre ellos se encuentran su hermano Francisco José F. R.; su mujer Carmen P. B.; el comercial de la firma Juan Carlos M. A. También figuran como imputados el conductor de un camión de la empresa, Juan Manuel G. C., Jesús C. I., Vicente D. M. y Fernando F. J., este último aportando los medios para eliminar los marcadores de los gasóleos bonificados.
El fiscal solicita que los acusados indemnicen a Hacienda en la cantidad defraudada, 399.009 euros, así como a la empresa de transportes cuya maquinaria sufrió daños por el gasóleo adulterado. Un caso en el que el enorme lapso de tiempo transcurrido podría jugar en favor de los acusados.
