La parroquia de Raxó podría librarse de uno de los peores ejemplos del feísmo urbanístico en cuestión de meses. El Concello y la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), acaban de iniciar los trámites para el derribo de la estructura de hormigón que desde hace prácticamente un decenio afea el entorno en la avenida da Toxa. El frustrado edificio se empezó a construir sin licencia municipal hasta que fue paralizado. Desde entonces su esqueleto forma una de la pantallas visuales más evidentes de todo el municipio.

Sobre este esqueleto, propiedad de la promotora viguesa A Piolla, pesa una orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Un fallo en el que ya no cabe posibilidad de recurso y que lleva a las administraciones local y autonómica a poner en marcha los mecanismos necesarios para llevarlo a cabo. Por el momento ambas están intercambiando información a fin de decidir cuál de ellas será la que se encargue de realizar el proyecto de demolición. Cuando este documento se haya aprobado, de manera inmediata se comenzaría con esas tareas.

Un procedimiento que, si nada se tuerce, se iniciaría incluso antes de que termine este año. Sería ya en el siguiente cuando, probablemente, se pusiesen en marcha las tareas encaminadas a echar a bajo todas las plantas que se llegaron a levantar para restituir los terrenos en los que se asientan a la legalidad vigente. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor únicamente reserva para esa parcela una zona verde.

La solicitud de licencia por parte de A Piolla se realizó, no obstante, en 1996, con un documento urbanístico anterior al actual. Entonces el permiso se le denegó desde el Concello porque el proyecto no se ajustaba a las normas existentes. Aunque la distancia al mar era admisible, no ocurría lo mismo con el volumen edificable ni la alineación del inmueble con la avenida da Toxa.

A pesar de todo, el promotor continuó con los trabajos hasta que fueron detenidos. Al parecer, el reglamento existente en aquel momento habría permitido la realización de un bloque para no más de cinco viviendas, mientras que en el plan presentado habría en torno a una decena.

El inicio de estas obras fue llevado ante la Justicia en un contencioso-administrativo que acabó dando la razón al Ayuntamiento de Poio. Los vecinos de la parroquia, por su parte, también llevan años reivindicando la demolición de una estructura que han denunciado como esperpéntica e ilegal.