Los afectados por el desdoblamiento de la carretera de O Pino a Bora (la PO-542) urgen al tribunal una resolución del recurso contencioso administrativo presentado por el Concello de Pontevedra, por ser ésta la vía más rápida para paralizar el proyecto de la Xunta de Galicia, una vez que la Administración autonómica ha convocado a los vecinos para recibir la pagos iniciales por sus fincas. Los vecinos entienden que la Xunta se está esforzando en acelerar el proceso administrativo, para lograr que no tenga vuelta atrás. Por eso creen que una intervención igualmente ágil por parte de la autoridad judicial es la mejor vía para detener el proceso, sin tener que llegar a la confrontación social en el momento de iniciar las obras, que es una salida que el colectivo vecinal tampoco descarta.

La plataforma de afectados cree que este recurso contencioso-administrativo puede detener el proyecto porque éste carece de justificación para tramitarse por vía de urgencia (es para dar acceso a un hospital que no existe) y que vulnera además el Plan Xeral de Ordenación Municipal, motivo por el que el Tribunal podría paralizar el proyecto.

Por otra parte, la Mesa permanente de la plataforma acude hoy a una reunión con los abogados que defienden a los vecinos, para estudiar la estrategia a seguir ante la convocatoria del depósito previo por las expropiaciones.

Los más de setenta propietarios de las 128 parcelas expropiadas deberán comparecer los días 25 y 26 de noviembre, de 11.00 a 12.30 horas, en el Pazo da Cultura, para proceder al pago de los depósitos previos de la obra, que suman 360.533,49 euros, aproximadamente el 7% de los 5.034.569 euros que figuran en los presupuestos de la Xunta como coste estimado total de esta expropiación.

Los vecinos decidirán con sus asesores jurídicos si aceptan o no el pago de la Xunta. Probablemente los afectados acudirán al juzgado para presentar un interdicto de paralización del proceso expropiatorio.

La plataforma considera que a la Xunta le será difícil demostrar la urgente ocupación de los terrenos, cuando el hospital al que dará acceso esta carretera no se iniciará antes de 2012.

Por otra parte, el colectivo de afectados celebrará el próximo jueves día 4 una asamblea general, a la que acudirá el concejal de Infraestructuras e Novo Plan Xeral César Mosquera.

Al día siguiente, viernes 5, está convocado una concentración de protesta en la carretera, que probablemente irá seguida de un corte de tráfico, además de la instalación de una nueva pancarta contra el proyecto. En este letrero se criticará particularmente a los concejales del PP Telmo Martín y Rosa Picallo.