La ejecución de obras nueve meses antes de que estén adjudicadas formalmente puede acarrear sanciones penales para el concello. Así lo estima el grupo municipal del PP, que anunció ayer su decisión de trasladar a la Fiscalía el primer caso detectado por la oposición: la contratación verbal de dos obras de ajardinamiento, en Loureiro Crespo y la plaza da Liberdade, sin que se efectuara adjudicación previa. De hecho, este trámite oficial se encuentra en la actualidad abierto.
Este asunto ya fue denunciado por el PP el pasado 21 de abril, nada más acudir a una mesa de contratación en la que se conocían las cuatro ofertas disponibles para ejecutar esos trabajos, presupuestados en 120.000 euros, pero que se habían realizado entre cuatro y nueve meses antes. La empresa elegida verbalmente entonces es una de las aspirantes actuales, aunque formula el presupuesto más caro de todas las propuestas. Aún no se ha resuelto esta selección.
"Se saltan la ley"
Tanto entonces como ayer, el concejal popular Jacobo Moreira apuntó que este procedimiento "se salta por completo la legalidad y supone un quebranto para las arcas públicas". En su denuncia ante la Fiscalía se incluye un acta notarial que certifica que las obras ya están realizadas, antes de su adjudicación.
Moreira insiste en que "se trata de un comportamiento sin justificación. La administración dispone de mecanismos para ejecutar obras por la vía de urgencia, pero respetando la legalidad, algo que no se hizo en este caso".
Los populares confirman ahora una amenaza que ya apuntaron en otras ocasiones, como en el reconocimiento de una deuda de 8 millones de euros para saldar impagos pendientes. Sin embargo, este segundo asunto no será comunicado a la Fiscalía ya que, a juicio del PP, no existe infracción penal, sino un "reproche político". Los populares añaden que "hemos tenido mucha paciencia con asuntos como los expedientes incompletos o las convocatorias mal hechas".
