El sindicato Comisiones Obreras acusó ayer a la Asociación Juan XXIII de prácticas de represión laboral de una decena de trabajadores, represión cuyo exponente sería el reciente despido de una de las operarias del centro de Cangas que solicitó el reconocimiento de su antigüedad. La central culpa de estas prácticas a la actual gerencia y al responsable de Recursos Humanos y pide a los grupos de padres que respaldan al colectivo que "vixíen, contrasten e digan públicamente se están de acordo con despedir a unha traballadora que cumpre coa súa obriga é a que agora hai que indemnizar".
Siempre según Comisiones Obreros, a diez trabajadores no se les reconoce antigüedad desde el primer contrato. Una de las empleadas que solicitó este reconocimiento, Míriam Cao Sabariz (contratada desde 2004 pero a la que sólo se le reconoce antigüedad desde septiembre de 2007) fue despedida recientemente mediante una carta en la que se justifica la medida disciplinaria debido a "disminución continuada y voluntaria del rendimiento" y "quebrantamiento de la buena fe" para reconocer a renglón seguido en el mismo documento que el despido es improcedente.
Así, se reconoce que tendrán que indemnizarla con 7.000 euros, en un proceso que ya ha acabado en el juzgado al no lograrse un acuerdo en el Smac.
Los trabajadores se reunirán en asamblea la próxima semana para decidir las acciones a tomar. A priori, Comisiones Obreras critica que la Asociación Juan XXIII, que se financia con aportaciones de las administraciones, empresas y particulares, "use fondos públicos para despedir".
Exigen la readmisión de la trabajadora al considerar que su despido "é exemplarizante, unha chamada de atención ós dez traballadores que pediron a antigüedade".
