El BNG alerta del vacío del Concello al cumplir el fallo que anula el capítulo de Gastos de Personal

El portavoz del grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara acompañado por las ediles Rhut Reza y Erea Blanco, compareció ayer par explicar la “grave situación” a la que se enfrenta el Concello, tras cumplir el alcalde el fallo judicial que viene incumpliendo desde 2021, y por el que ha tenido que anular el capítulo I de Personal, de los presupuestos de 2020, el que se destina al abono de sueldos y gastos de los trabajadores.

De hecho al haberse anulado este capítulo, el Concello tiene que retrotraerse a lo que decía el capítulo de personal de los presupuestos de cinco años atrás, los últimos que se habían aprobado en este Concello con anterioridad a los de 2020. Estos presupuestos, de 2020, aprobados cuando aún funcionaba el bipartito municipal de PP-DO, fueron denunciados entonces por el sindicato CIG, dado que no habían sido negociado ese apartado de personal con los sindicatos de ahí este fallo que exigió anular el capítulo.

En orden cronológico, Luis Seara ha explicado que el 4 de mayo del pasado 2023, “como el gobierno local no había adoptado ninguna medida”, el CSIF solicitó la ejecución forzosa de la sentencia y el juzgado le dio de nuevo la razón y obligó al gobierno local a actuar en un plazo improrrogable de dos meses.

Añadió que “siguen pasando los meses y como por parte del alcalde no se hace nada, un funcionario del Juzgado se persona en el Ayuntamiento y practica una diligencia de requerimiento al regidor. Esa notificación la recoge el propio alcalde tal y como consta en la diligencia”, ha expuesto el portavoz nacionalista indicando que, a partir de esa notificación, “es cuando Jácome entra en pánico y firma un decreto donde se resuelve cumplir lo ordenado por el Juzgado”.

En dicho decreto se dictaba el cumplimiento de la sentencia y por tanto la anulación del capítulo I del presupuesto 2020, entrando de modo automático en vigor el capítulo I del presupuesto 2014, el anteriormente aprobado.

Para el BNG “lo llamativo es que el decreto se firma sin que se informase previamente al titular de la Oficina de Gestión Económica, ni al interventor municipal, dos informes preceptivos para dar validez al decreto”.

“Sale a escena el Director General de Recursos Humanos, que hizo la propuesta para que se aprobase el decreto y concluye que metieron la pata”, ha relatado Seara, añadiendo que “se comprometió el pago de la nómina del mes de marzo, dado que el interventor no puede fiscalizar la misma al no estar reflejada en la contabilidad municipal el capítulo I del presupuesto 2014”, y que por lo tanto “hay que dar marcha atrás, porque hacen falta los informes de intervención y de la Oficina de Gestión Económica ya que la ausencia de estos podría dar lugar a la anulabilidad de la resolución”.

“Resumiendo, la pringaron. La responsabil es del actual Gobierno local” afirma Seara, pero hay una “responabilidad compartida entre los socios del Partido Popular, que hicieron caso omiso a las recomendaciones en el 2020”.