El gobierno local de Ourense admite “deficiencias” económicas en conciliación, pero garantiza el servicio hasta junio

El gobierno municipal de Ourense (DO) garantizó en el pleno ordinario de marzo, celebrado ayer, la continuidad de las actividades de conciliación en los cinco centros cívicos de la capital, después de comunicar en el mes de febrero que las actividades se terminarían ese mes. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández (DO), admitió, ante la presentación de una moción del PSOE sobre esta cuestión, “deficiencias” presupuestarias para dar cobertura a esas actividades, pero arguyó que “garantizamos el servicio hasta final de junio, hasta verano, y me consta que desde hoy día 1 ya se da con total normalidad”.

La comunicación de que peligraban las actividades en los centros cívicos tienen que ver con que los presupuestos prorrogados del Concello de Ourense (los últimos aprobados en 2020) tienen una partida insuficiente para el programa de conciliación de las familias. En este sentido, la concejala se excusó en que “la deficiencia de la partida económica en este programa de actividades infantiles lleva siendo insuficiente desde 2011, no es una cosa de ahora, eso no exime que haya que aumentar la partida, evidentemente”.

Y terminó diciendo que “en la junta de área, celebrada en febrero, no quise comprometer la continuidad porque no lo teníamos cerrado, les dije que estábamos trabajando en ello y fui prudente porque no me gusta mentir políticamente, y si no tengo nada asegurado no voy a mentir”.

Las familias, que disfrutan del servicio de conciliación en los centros cívicos, entregaron al Concello de Ourense un escrito para continuar con las actividades apoyado por 1.333 firmas y además, padres y madres de Seixalbo se concentraron en la parroquia ourensana para reivindicar un “servicio básico esencial”.

Las dudas e incertidumbres de las familias que disfrutan de este servicio durante el periodo del curso lectivo, se solventaron en el pleno municipal, ya que el servicio continuará hasta junio. Sin embargo, la oposición criticó la “falta de planificación, de gestión y de unos presupuestos actualizados” para dar una cobertura mayor a estos programas de conciliación con el fin de garantizarlos por completo y además demandaron que también se programasen en periodo vacacional como son Semana Santa, Navidad o los meses de verano.

Noelia Pérez (PP) señaló que “la cuestión es que tenemos un gobierno incapaz de planificar, no sólo en el tema de la conciliación, sino también en actividades para adultos en las entidades vecinales y en otras cuestiones. Es una tónica general”. Y añadió que “nos alegramos desde el grupo popular de que este servicio continúe para tranquilidad de las familias y esperamos que en el mes de junio no volcamos a traer estas cuestiones a pleno, para que también hay oferta en verano”.

Por su parte, Natalia González (PSOE) comentó que “hay falta de crédito, de previsión y de voluntad en este tipo de programas por parte del gobierno municipal. Las actividades en la segunda mitad del curso lectivo estaban en el aire y ahora se soluciona, esperamos que también se prolonguen durante el verano y otros periodos vacacionales porque es un recurso consolidado que beneficia en las familias que menos recursos tienen”.

La nacionalista Rhut Reza (BNG) radiografió la política social del gobierno municipal diciendo que “tienen la concellería sin recursos, algunas entidades del tercer sector sin ayudas, los comedores sociales sin fondos suficientes, el centro de día sin fondos, la partida de emergencia sin recursos económicos necesarios, despiden a trabajadores sociales o suprimen las Unidades Interdisciplinares de Intervención Social (UNIS), entre otras cosas. Hay 300 familias, más o menos que disfrutan del servicio de conciliación y es la segunda tentativa de eliminar este servicio, la primera fue en verano de 2023, la segunda ahora y esperemos que no haya una tercera. El problema de fondo es un problema de dinero”. La moción fue aprobada por los grupos de la oposición con la abstención del gobierno municipal porque “ya se acaba de hacer”.

Área Rexurbe

El PP defendió una moción no resolutiva sobre la declaración del casco viejo como área de regeneración urbana (Rexurbe) para tratar de revitalizar la zona histórica de Ourense, a partir de financiación de otras administraciones. Sonia Ogando (PP) dijo que “esta declaración frenaría el declive económico y la degradación del casco histórico. Pero llevan más de un año y medio con esta declaración metida en un cajón”.

Socialistas y nacionalistas describieron la situación “ruinosa” de los edificios del casco histórico, reivindicando actuaciones específicas y el concelleiro de Urbanismo, Francisco Lorenzo (DO), contestó que “vamos a pedir la zona Rexurbe para el casco histórico, estamos trabajando en ello, pero lo pondremos en consonancia con toda la información nueva como el plan de infraestructuras, la recogida de basura que saldrá en el nuevo pliego y presentaremos todo a la Xunta con un plan de dinamización que vaya todo en consonancia. Podríamos atraer 10-12 millones de euros de inversión”.

Ante las críticas de la oposición de “desmantelar la Oficina PERI donde había cuatro profesionales y ahora solo hay uno, el concelleiro contestó que “ahora mismo tiene un nuevo director y tendrá más técnicos y más administrativos que nunca”. La moción fue aprobada por los grupos de la oposición con la abstención del gobierno municipal porque “ya estamos trabajando en ello”.

Termalismo: bluf o realidad

Una moción socialista, no resolutiva, reclamaba terminar contra el “autoaislamiento institucional” con el fin de impulsar el termalismo en la capital ourensana. Vázquez Barquero (PSOE) culpaba al gobierno municipal por la situación del termalismo ourensano, donde más de la mitad de los vasos están cerrados, y este culpaba a la antigua edil de Termalismo, Flora Moure (PP), al PP por la ley termal aprobada por la Xunta y también al PSOE y BNG que gobernaron conjuntamente. La oposición le recordó al gobierno municipal y al regidor ourensano, Gonzalo Jácome, específicamente, que es él “ahora quien gobierna” y que “tiene que asumir responsabilidades”.

Reclaman aprobar la regularización de la Comisión de Lactancia, que lleva una década constituida de forma no legal

El BNG presentó una moción para instar a la Xunta de Galicia (con competencias en materia sanitaria) y al Concello de Ourense a regularizar la Comisión de Lactancia del área sanitaria ourensana, que lleva una década constituida de forma no legal, y también retomar las actividades en fomento de la Lactancia Materna.

Ruth Reza (BNG) pidió la elaboración de un programa de salud materno-infantil, más apoyo al tejido social por parte del Concello de Ourense y a mantener la Comisión de Lactancia, después de varias dimisiones de profesionales al enterarse de que un error burocrático anulaba la válida constitución.

Por parte, del gobierno municipal, Noa Rouco (DO) respondió que “no descartamos poner en valor la lactancia con vías de actuación” y responsabilizó al PP de la situación irregular de la Comisión de Lactancia. Por su parte, Inmaculada Moreiras (PP) pidió la creación de un grupo de trabajo y evitó responde a las preguntas formuladas por los demás partidos a la regularización de la comisión, destacando el “compromiso con la Xunta de Galicia” y pidiendo un “grupo de trabajo multidisciplinar desde el embarazo hasta la crianza y no solo en la lactancia”.

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