Ourense alberga 6.500 plazas casi al completo en residencias para mayores y discapacitados: "El 80% de internamientos son involuntarios”

Ourense, uno de los territorios de Europa con mayor índice de envejecimiento, una provincia en la que la media de edad supera los 50 años, alberga cerca de 6.500 plazas en residencias y viviendas comunitarias para personas de edad avanzada o que presentan una discapacidad intelectual grave. La mayoría de centros están ocupados al completo, o prácticamente, con listas de espera en muchos casos. Además, la oferta pública es reducida, de manera que lo habitual es tener que acudir a instalaciones de gestión privada, donde para costear la estancia no llega la pensión, en muchos casos, y es necesario recurrir a ahorros, a aportaciones de la familia o la venta de propiedades.

Ocho de los nueve partidos judiciales de la provincia de Ourense totalizan 3.544 plazas, con el siguiente reparto: 568 en 14 centros de la comarca de O Carballiño, 369 en 8 del área de Ribadavia, 280 en 6 lugares de Bande, 196 en 11 de A Limia, 297 en 14 instalaciones de la comarca de Celanova, 585 en 13 de la de Trives, 858 en 9 de Valdeorras y 391 en 8 recintos de Verín.

En el partido judicial de Ourense, que incluye a la capital y a los concellos del área metropolitana, el número de camas en residencias y viviendas comunitarias de mayores, así como en centros para personas con discapacidad, asciende a 2.920 plazas en 63 instalaciones, aglutinando casi la mitad de oferta de la provincia, y sin contar otras 196 plazas en los cuatro recintos para menores de la ciudad. El juzgado de Primera Instancia Número 6 de Ourense, competente en materia de Familia, controla los internamientos no voluntarios de personas en los recursos asistenciales. Adopta una media de 880 ingresos residenciales al año.

"El grueso de ingresos en residencias son de personas con deterioro cognitivo"

“No todos los casos requieren medidas de apoyo o la ratificación de la medida de internamiento, porque depende del deterioro que presente la persona. Hay ingresos voluntarios, por ejemplo casos de quienes aparecen por propia voluntad en la residencia, o también otros que cuando son ingresados todavía pueden consentir y saber dónde están. Pero el grueso son personas que sufren un deterioro cognitivo. El 80% de internamientos en una residencia son involuntarios”, explica la magistrada María Carmen Rodríguez Alonso, titular del juzgado de Primera Instancia 6 de Ourense desde el 30 de enero de 2023.

“Desde febrero del año pasado he visto a unas 600 personas. Solo unos 20 casos no podían considerarse internamientos involuntarios porque, más allá de limitaciones puntuales para contratos económicos o necesidades de ayuda para la vida diaria, conservaban capacidad para saber dónde estar y decidir”, expone la jueza.

Para determinar la pertinencia del internamiento es muy importante el trabajo del Instituto de Medicina Legal (Imelga). Los profesionales forenses tiene un papel clave en la identificación del deterioro que padece la persona y, en un contexto de falta de efectivos en la plantilla, han visto aumentada la carga de trabajo tras la avalancha de revisiones de medidas de apoyo que implicó la nueva ley.

Un forense aporta un ejemplo llamativo de los efectos de la última normativa: a un paciente al que habían incapacitado judicialmente en 1966 hubo que revisarle el caso en 2023 para establecer medidas de apoyo.

El perfil habitual de usuarios de estas residencias es el de una mujer, de más de 75 años y con signos de deterioro cognitivo relacionados con una demencia, con manifestaciones de desorientación que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha o el año en curso.

El juzgado debe controlar los internamientos y estancias en un centro de personas que tienen afectada su capacidad para decidir dónde vivir. Además, cada seis meses se producen revisiones de su situación, puesto que los centros deben enviar, con esa periodicidad, un informe médico al juzgado sobre el estado de salud.

"Pasamos de una sobreprotección de la persona con discapacidad, que tenía un tutor que rendía cuentas cada año, a tener guardadores que no las rinden. Creo que más adelante, en divisiones de herencia en determinadas familias, pueden surgir conflictos"

Un documento remitido por la propia residencia, una petición de un familiar mediante un modelo en el decanato así como las solicitudes de la Fiscalía constituyen las tres vías con las que el órgano judicial conoce de cada caso. El informe forense es muy importante –con información complementaria en los dictámenes del sistema sanitario–, así como la exploración de las personas, que en el caso del juzgado de Ourense, se lleva a cabo a través de medios telemáticos.

“Despersonaliza pero de otra manera sería inviable, no se daría abasto. Es un problema que el sistema falle con bastante frecuencia: por los problemas de cobertura en residencias del ámbito rural, se oye mal o se congela la imagen”, lamenta la jueza.

La falta de efectivos del Instituto de Medicina Legal (Imelga), con profesionales cargados con otras tareas de su día a día como valoración de casos de violencia machista, delitos sexuales, además de levantamientos en los supuestos sospechosos de muertes violentas, ralentiza los tiempos de dichos dictámenes, que en algunos casos se demoran varios meses.

La ley permite iniciar un procedimiento para adoptar medidas de apoyo y, mientras tanto, dictar una medida cautelar acorde con la situación de la persona. En la mayoría de casos, no se solicita una curatela –la figura del antiguo tutor–, sino una guarda.

“Supone un problema por ejemplo con la relación con los bancos. Antes, el tutor era el representante de la persona con discapacidad. Ahora, al ser guardador, para permitir el acceso a las cuentas exigen una resolución judicial que así lo establezca. Estamos dictando autos diciendo que a los guardadores se les deje manejar las cuentas del discapaz”, indica la magistrada de Familia.

“Con la nueva ley, de cada diez autos de medidas de apoyo que se dictan, solo dos son para nombrar curadores y el resto, guardadores. Pasamos de una sobreprotección de la persona con discapacidad, que tenía un tutor que rendía cuentas cada año, a tener guardadores que no las rinden. Creo que más adelante, en divisiones de herencia en determinadas familias, pueden surgir conflictos”, vaticina.

“Envejecimiento y salud mental son los grandes desafíos de la sociedad”

Su juzgado también se encarga de controlar los ingresos de menores en el centro de Montealegre, que dispone de 50 plazas y está ocupado por 32 adolescentes en la actualidad. Se trata de un recurso de protección de menores con problemas de conducta.

El órgano de Primera Instancia 6 de Ourense también es competente sobre las estancias en la unidad de Psiquiatría de personas que sufren un brote o una descompensación aguda. “Tienen el mismo plazo que una detención, en 72 horas nos tenemos que pronunciar sobre el ingreso”, aclara Carmen Rodríguez.

Hay casos en que con una estancia de pocos días es suficiente, con otros la duración es larga, por regla general en el hospital de Piñor. Hay pacientes que ingresan de forma voluntaria, pero sobre su alta del centro decide el jugado en base a informes médicos. “Envejecimiento y salud mental son los grandes desafíos de la sociedad”, reflexiona la magistrada de Familia en Ourense.

Renovar el refuerzo de un segundo magistrado, una medida necesaria

El juzgado de Primera Instancia Número 6 de Ourense cuenta con una oficina de nueve funcionarios, más otros tres de apoyo y, a mayores, una oficina pionera y especializada en el apoyo a la discapacidad, en la que trabajan tres personas, que, además de trabajar con asuntos como curatelas, guardas y rendiciones de cuentas, se han encargado de la revisión de las sentencias de incapacidad previas a la reforma legal de 2021.

Según los últimos datos del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial –septiembre de 2023–, en Instancia 6 de Ourense había una pendencia de 1.126 procedimientos de toda índole, duplicando la media de los órganos de igual especialización en la comparativa nacional.

Más de 1.200 asuntos de internamientos en trámite

Entre enero y septiembre de 2023, la entrada de asuntos en este órgano judicial civil superó el indicador de referencia, llegando hasta el 139%. “Acabamos el año pasado con casi 2.300 asuntos incoados de toda índole”, señala la magistrada. Además, quedaban por revisar menos de 200 resoluciones sobre discapacidad dictadas por el propio juzgado, un dato que aumenta si se incluyen los casos de residentes en centros que llegan de otras provincias.

La jueza tiene una productividad del 247%

El juzgado contó en los últimos cinco años con el apoyo de un segundo magistrado, sin relevación de funciones en su destino. Eso ayudó a aligerar la sobrecarga. Es posible que esta medida se adopte de nuevo. Se trata de una figura necesaria, asegura la titular del juzgado, puesto que en la actualidad hay más de 1.200 asuntos de internamientos en trámite, más los controles semestrales de cada caso, y sin olvidar que este juzgado civil, que celebra vistas tres días por semana, también se dedica a materia contenciosa: divorcios, separaciones y medidas provisionales. El último dato de productividad de la jueza Rodríguez Alonso sube al 247%.