Doce años de pleito y un revés del Supremo contra las licencias en el subsuelo de una céntrica plaza

Con la inadmisión a trámite de un recurso, el Tribunal Supremo ratifica la anulación de las licencias de legalización de las obras, ocupación y actividades en el subsuelo de la céntrica plaza de San Antonio, cuyo proceso judicial alcanza los doce años. Solo queda un recurso por tramitarse, interpuso simultáneamente por los propietarios afectados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero todavía pendiente de resolución.

Tanto las licencias de legalización del aparcamiento subterráneo, como la licencia de apertura de ese espacio, serían nulas si esa vía pendiente no modifica el criterio judicial que han seguido varias instancias. El abogado experto en urbanismo que ha llevado este procedimiento, Antonio Feijóo Miranda –representa a una particular, hija de un promotor–, afirma que el Concello de Ourense deberá recuperar el subsuelo de la plaza, por ser de dominio público, según las sentencias.

El recurso se apartó "de los hechos declarados probados"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dicta una resolución firme que inadmite a trámite el recurso presentado por una serie de propietarios y la empresa que gestiona el aparcamiento. La inadmisión obedece a una serie de razones, según la sala: incumplimiento de requisitos y “falta de fundamentación suficiente”; “un casuismo impropio del recurso extraordinario en que nos hallamos”; así como “apartarse el recurso interpuesto de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida y hacer supuesto de la cuestión casacional”. El tribunal impone las costas –2.000 euros más IVA– a la parte recurrente.

En agosto de 2019, el abogado Feijóo Miranda presentó un recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de la junta de gobierno local de Ourense, de ese mismo mes, que desestimó la solicitud de declaración de nulidad de la concesión de licencias otorgada en diciembre de 2007 por la junta del gobierno municipal, para la legalización de la edificación, uso, ocupación y actividad en el subsuelo de la plaza de San Antonio.

Ese recurso fue estimado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Ourense, en diciembre de 2021. La parte contraria presentó apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó la acción en una sentencia de febrero de este año.

Contra esta última resolución la parte recurre registró un escrito de casación. Esa vía queda inadmitida a trámite. Feijóo Miranda indica que queda por resolver un recurso ante el TSXG, “que se interpuso en su día por mera dilación”, considera. “Es el mismo tribunal que, ya en varias ocasiones, ha declarado que la plaza es dominio público tanto en suelo como en subsuelo”.

“La Plaza de San Antonio es pública en suelo y subsuelo, por lo que no cabe en ella ninguna construcción, ni por supuesto uso privativo, a menos que de forma justificada se otorgase la preceptiva concesión. Por lo tanto, las licencias que legalizan las plazas de garaje y locales construidos por la promotora de este conjunto inmobiliario incurren en una causa de nulidad radical”, asegura el abogado que impugnó las licencias.

El efecto de la inadmisión del recuso por parte del Tribunal Supremo va en sintonía de los pronunciamientos anteriores por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El procedimiento judicial comenzó hace doce años, cuando el letrado, que representa a una particular, hija de un promotor, instó al Concello que procediese a la revisión y a las declaración de nulidad de las licencias, “por cuanto implicaban la legalización de una apropiación y uso privados del subsuelo público”, reitera el abogado.

Feijóo Miranda incide en que, si la anulación de las licencias deviene en firme con el pronunciamiento pendiente del TSXG, el aparcamiento explotado por una empresa en el subsuelo de la plaza de San Antonio “debe ser clausurado”, persigue esta parte. El cierre procedería, según el letrado, “al quedar desprovisto de la licencia de apertura, así como procede el cese de todo uso que se viene realizando al amparo de las licencias anuladas”.

Ante las posibles complicaciones para los perjudicados si se confirma la anulación de las licencias, el profesional expone que “la protección de los perjudicados, que son aquellos particulares que a lo largo de los años compraron plazas de garaje en la confianza de que eran plenamente legales, puede y debe exigirse al Ayuntamiento”.

Locales de la Seguridad Social

Feijóo Miranda recuerda que, hace unos días, en cumplimiento de otra sentencia en un proceso seguido por la misma denunciante, los locales bajo la plaza, adquiridos en su momento por la Tesorería General de la Seguridad Social, fueron puestos a disposición del Concello.

Suscríbete para seguir leyendo