Una sentencia, dictada por un magistrado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense resuelve la recuperación de la posesión y uso público de los locales existentes en el subsuelo de la plaza San Antonio –que la Tesorería General de la Seguridad Social compró a la promotora Construcciones Hermanos Carrajo–.

Condena, por tanto, al Concello de Ourense a que, en el plazo máximo de dos meses, dicte Acuerdo disponiendo proceder a la recuperación de oficio de la finca de dominio público.

El dictamen censura, de este modo, la pasividad del gobierno local al no responder a la petición a nivel privado de la demandante. “Ahora, a la vista de la contundencia de la sentencia, está por ver si esta vez el alcalde será coherente con lo que siempre defendió y decide no recurrir en apelación”, afirma el abogado Feijoo Miranda.