El acuerdo entre Irosa-Samaca y los comuneros salva 300 empleos y zanja un conflicto de 9 años

El alzamiento definitivo de los bienes de la pizarrera Irosa-Samaca en Carballeda de Valdeorras apenas ha durado cuatro horas. El acuerdo entre la empresa y la Comunidade de Montes de Portela e Trigal firmado ante notario pasadas las 14.00 horas de este miércoles dejó sin efecto el desahucio que había materializado a las 10.00 de la mañana la secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de O Barco, en ejecución de una sentencia firme por incumplimiento del contrato de arrendamiento, y con amplia presencia de la Guardia Civil.

El acuerdo contempla el arrendamiento de las parcelas durante 11 años prorrogables, que es el tiempo máximo que marca la legislación vigente, así como una nueva renta y una indemnización que deberá satisfacer el grupo empresarial por los últimos 9 años de ocupación en los que no ha pagado.

Los documentos públicos que recogen estos acuerdos se firmaron tras una larga reunión ante notario en la que se concretaron los términos del preacuerdo que habían alcanzado las partes el pasado 10 de noviembre y que establecía el camino a seguir para evitar el desahucio ante dos escenarios posibles en función de si la sentencia del TSXG daba la razón a una parte o la otra. Conocido el fallo favorable a la comunidad de montes y ante el inminente desahucio, el hecho de que este martes no se firmase el acuerdo generó una gran incertidumbre entre los 300 trabajadores directos de la pizarrera, que se temieron lo peor.

No obstante, el candado que precintó las instalaciones por la mañana se abrió al mediodía y los trabajadores reanudaron la actividad de forma inmediata y ya con la tranquilidad de ver salvados sus empleos.

Origen del conflicto

Este conflicto se remonta al 1 de enero de 2015, fecha en la que la relación entre los comuneros y la empresa se rompió. Tocaba renovar el contrato de arrendamiento de las parcelas, pero las condiciones que se planteaban eran “inaceptables” para el grupo empresarial ya que, entre otras cuestiones, la renta se elevaba de forma considerable. Rotas las negociaciones, Irosa-Samaca mantuvo su actividad, pero sin abonar la cuota. Los comuneros acudieron a los tribunales y, tras un largo proceso, lograron esta sentencia firme de desahucio.

En paralelo a este procedimiento judicial, la empresa alegó ante la Xunta la utilidad pública y reclamó la expropiación forzosa de los terrenos, consiguiendo la autorización del ejecutivo gallego. Los comuneros recurrieron esta decisión, y este martes, horas antes de la ejecución del lanzamiento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, fallaba a favor de la comunidad de montes anulando la resolución de la Xunta que declaraba la utilidad pública y el interés social para los establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en el que se incluye Pizarras Samaca. La sentencia deja también sin efecto las actuaciones posteriores, lo cual incluye la expropiación forzosa.

Este conflicto alcanzó momentos de tensión en septiembre, en un primer intento de desahucio paralizado por los trabajadores, que se saldó con el precinto parcial y el inicio de una campaña de presión social a la que se sumaron todos los concellos de la comarca, asociaciones y empresas, que se posicionaron a favor de la pizarrera y del mantenimiento de los 300 empleos directos que genera Irosa-Samaca, implantada en Valdeorras desde hace décadas. Durante este tiempo, la actividad se ha mantenido y el preacuerdo del 10 de noviembre calmó los ánimos, hasta que este martes, la situación pareció torcerse.

Tras firmar los documentos públicos ante notario, el representante legal de los comuneros, José Antonio Iglesias, negó, como se dijo, que la comunidad de montes pretendiese cambiar las condiciones del preacuerdo y explicó que “sí se respetó lo acordado previamente, pero era necesario articularlo en función de la sentencia”, reiterando que ambas partes estaban dispuestas a llegar a un acuerdo.

Por su parte, el dueño de Irosa-Samaca, Rogelio López, desmiente esta afirmación y señala que, tras conocerse la sentencia del TSXG, las exigencias de la comunidad de montes “fueron completamente distintas” a lo que recogía el preacuerdo. “Fuimos retrasando las cosas y como era inevitable el lanzamiento firmamos todo lo que nos pedían”. Obró así, dice, “por dos cosas, porque las fuerzas del orden público estaban preparadas para intervenir y no quería ver dar palos a mis trabajadores” y para evitar el cierre de la empresa: “Todos sabemos lo largos que son los procesos judiciales, si una empresa cierra no vuelve a abrir nunca, por eso se tragó con todo lo que se nos exigieron”.

Alivio entre los trabajadores: “Ya podemos respirar”

Tras meses de incertidumbre y varias jornadas de tensión cuando el preacuerdo parecía romperse, la plantilla de Irosa-Samaca ya respira tranquila. Tanto el presidente del comité de empresa de Irosa-Samaca, Ramón Doporto, representante de la CIG, como el compañero Óscar Guerrero, de CCOO, asistieron a la reunión en la notaría de O Barco y estuvieron presentes en la negociación final del acuerdo, que se zanjó con la entrega de las llaves a la empresa por parte de la comunidad de montes de Portela y Trigal.

“Es una gran alegría y nos quita un peso de encima; ahora podemos empezar a trabajar. Al margen de los problemas internos que tengan ellos, nosotros ya conseguimos lo que queríamos, que es seguir en nuestros puestos de trabajo. Es como un regalo de Navidad”, señala Doporto, al tiempo que añade que este acuerdo pone fin a meses de incertidumbre. Por su parte, el representante de Comisiones Obreras, Óscar Guerrero, agradeció que les permitiesen estar en la negociación e indicó que “ahora solo queda que ambas partes cumplan lo firmado y así evitar problemas en el futuro”, indicó.

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