El desahucio de Irosa-Samaca se lleva a cabo mañana, tras una sentencia del TSXG

Los casi 300 trabajadores de la pizarrera Irosa-Samaca irán mañana a los puestos de trabajo para intentar frenar el desahucio de la empresa, después de la ruptura del preacuerdo entre comuneros y la pizarrera para que se paralizase el desahucio.

Esta ruptura de preacuerdo se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimara al recurso de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Portela y O Trigal contra la declaración de utilidad pública e interés social por parte de la Xunta, en favor del grupo pizarrero, pidiendo la expropiación de los terrenos.

Hace 10 días la mesa formada por pizarrera y comunidad de montes, con la mediación del alcalde de O Barco, Alfredo García, alcanzaba un preacuerdo con dos soluciones dependiendo de si el recurso era estimado o desestimatorio. Si era estimatorio se alquilarían los terrenos por parte de la comunidad de montes a 11 años, renovables. Si fuera desestimatoria, y diera razón a la utilidad pública declarada por una resolución del gobierno gallego, la comunidad de montes pediría la suspensión del desahucio para mañana y la actividad seguiría.

La sentencia del TSXG dio lugar a una reunión ayer martes entre los comuneros y la empresa, en la que se expuso que el acuerdo pasa porque se proceda al desahucio en la mañana de mañana, a las 9.30 horas, precintar las dependencias y las instalaciones y después reanudar la actividad. Pero desde el colectivo de trabajadores “no se fían” del camino empleado, indican.

Los comuneros, según lo acordado, debían de ir a firmar al juzgado el aplazamiento de la paralización cuando se conociera la sentencia, pero no fue así y ahora los trabajadores no se fían de las actuaciones de los comuneros.

La comitiva judicial llegará mañana a las instalaciones de la pizarrera para precintarlas, si no hay una solución de última hora que provoque el cierre de la empresa y el despido de casi 300 trabajadores, después de movilizaciones en la comarca y también de protestas, debido al impacto económico y social que supone esta decisión.