Dejan libre al acusado de liderar una red destapada en el mayor golpe contra el tabaco ilegal en España

F. G., de nacionalidad moldava, estaba desde el 24 de octubre en prisión provisional, tras ser detenido en Portugal en cumplimiento de una orden internacional. Es el sospechoso de liderar una red que fue desmantelada en la denominada operación Straperlo, la que las autoridades consideraron entonces como el mayor golpe policial en España contra el contrabando de tabaco, elaborado en fábricas clandestinas a base de picadura traída de otros países, con la intención de distribuir el producto por Europa usurpando la marca Marlboro.

En una nave de Cambeo, en el municipio ourensano de Coles, se descubrió una instalación en la que los operarios, extranjeros, vivían y trabajaban “a destajo”, sin saber “en qué lugar del mundo estaban”, según los hechos probados de la sentencia de conformidad e la Audiencia Provincial de Ourense que condenó a siete encausados, en junio de 2022. Estas personas se conformaron con 2 años de prisión, 12 millones de euros de multa más el pago de una indemnización a Hacienda, entre todos, de 11,83 millones.

La rebaja supuso excarcelaciones en el acto. Había cuatro sospechosos más en busca y captura, incluido el presunto cabecilla. Este martes compareció ante la Audiencia, tras un largo traslado desde el centro penitenciario de Badajoz, donde se encontraba, hasta la prisión ourensana de Pereiro, a la que llegó el lunes por la noche. El tribunal provincial decretó su puesta en libertad provisional unas horas después.

Retirada del pasaporte y visitas al juzgado cada lunes

El auto, firme, revoca la medida cautelar de prisión dictada por el juzgado de Instrucción 2 de Ourense. La Audiencia estima el recurso de apelación de la defensa de F. G. Como medidas alternativas, la sala impone la retirada del pasaporte –le requiere su entrega inmediata–, y obliga a que el investigado comparezca en el juzgado los lunes de todas las semanas, así como cuantas veces sea citado por la justicia. La Fiscalía se oponía a la excarcelación de este sospechoso.

“Dirigía a la organización”

El juzgado de Instrucción 2 acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de F. G. por los “indicios y evidencias de que dirigía a los miembros de la organización criminal en sus labores de fabricación de tabaco ilegal”. A esa “certeza” llegó la investigación gracias a las “vigilancias efectuadas policialmente durante meses, a lo que se añade la detención en la operación Lerna de 2018, por pertenencia a organización criminal en relación con una fábrica de tabaco clandestina, lo que permite inferir la voluntad de realizar hechos de la misma clase periódicamente”, argumentó el juzgado instructor en su auto del pasado 24 de octubre.

La defensa niega implicación de este hombre

La defensa alegó que, pese a que el sospechoso fue detenido en virtud de una orden internacional, “no permite inferir la concurrencia del riesgo de fuga pretendido por el juzgado instructor, por cuanto nada consta acerca del efectivo conocimiento por parte de nuestro mandante de encontrarse investigado, no pudiendo pretender sustraerse de una acción de la justicia que ni tan siquiera conoce, derivada de una actividad criminal en la que no ha participado”, indicó esta parte, que niega la existencia de indicios para poder incriminar a F. G.

Promete no salir de España

La defensa indicó que es voluntad del investigado establecerse en España junto a su núcleo familiar (mujer e hija pequeña) mientras dure la tramitación de la presente causa, “garantizando con ello su disposición con la administración de justicia española”.

El juzgado de instrucción investiga a F. G. como autor de un presunto delito de contrabando, con la posible agravación de pertenencia a banda organizada. La medida de prisión provisional fue adaptada basándose en el riesgo de fuga y también de reiteración delictiva. Entre otros argumentos en contra, la defensa aludió a la sentencia de los otros siete encausados, en la que se pactó una conformidad de dos años de prisión, suspendida.

La Audiencia no ve riesgo de reiteración

“Compartimos con el órgano instructor que, en este momento procesal, se aprecian indicios de una posible participación en los hechos por parte del investigado, indicios que conforman una base suficiente para estimar el presupuesto del buen derecho”, indica la Audiencia Provincial en el auto de excarcelación. “No obstante, y sin poder obviar la sentencia recaída en el anterior procedimiento en el que se juzgaron estos hechos, en las que se impusieron penas de dos años de prisión, estimamos como medidas suficientes para asegurar la presencia del investigado en el proceso, mitigando el riesgo de fuga, las referentes a la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del pasaporte, al considerar que no se aprecia la existencia de riesgo de reiteración delictiva y tener presente el marco punitivo que puede ser impuesto si los hechos llegan a un eventual juicio”.

En la bautizada como operación Straperlo colaboraron la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Vigilancia Aduanera y un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional de Pontevedra. La investigación arrancó en mayo de 2020, todavía bajo el estado de alarma por la pandemia de COVID, y las detenciones, de un total de 25 varones rumanos, moldavos, ucranianos y portugueses, se hicieron en agosto, con registros no solo en Ourense sino también en Ponteareas (Pontevedra) y Valladolid.

Trabajadores encerrados

Muchos arrestados eran trabajadores que residían confinados en las instalaciones de Cambeo, sin hacer vida en el exterior, lo que también contribuía a que no llamasen la atención. Tras habilitar la nave como una fábrica de cigarrillos clandestina, se utilizaba mano de obra no regularizada y un aprovisionamiento de materiales, maquinaria, equipos de ventilación y extracción para los olores. Llegaban de Rumanía, sobre todo, tanto el equipamiento como los trabajadores. Una vez fabricado el tabaco se enviaba a varios países de Europa. Usaban cajetillas, papel de filtro, boquillas, cartones y embalaje idénticos a de la empresa comercializadora de Marlboro.

"Ni siquiera sabían en qué lugar del mundo se encontraban"

La nave de Coles fue alquilada por un acusado en febrero de 2020. A lo largo de los meses de junio, julio y agosto tuvo lugar el acondicionamiento de las instalaciones de Cambeo –con la entrada en varias ocasiones de camiones de grandes dimensiones y distinto equipamiento industrial para la fábrica, materiales de construcción y mobiliario–, y se organizó la llegada de los trabajadores encargados de la elaboración del tabaco de contrabando. “Ni siquiera sabían en qué lugar del mundo se encontraban y cuál iba a ser su tarea. Encerrados en la nave trabajaban a destajo por un precio que en sus países de origen suponía un gran aliciente económico”, subrayó la Fiscalía. También se les privaba de los móviles.

En la nave de Coles, dotada con maquinaria industrial, había 600.000 cigarrillos sueltos, 3.800 cajetillas de tabaco elaboradas, 880 cajas de tabaco, varios miles de kilos de tabaco a granel, así como numeroso material de filtros, cartón para las cajetillas y plásticos para el embalaje. También se había alquilado otra nave en Ponteareas, con casi 200.000 kilos de tabaco prensado, pero la intervención de las autoridades en agosto de 2020 frustró la entrada en actividad de una nueva fábrica ilegal de cigarrillos. Había otra instalación en Valladolid concebida para el mismo fin.

En el acuerdo de conformidad con los siete encausados que fueron a juicio en 2022, la Fiscalía retiró el delito de pertenencia a organización criminal. Los siete asumieron un delito de contrabando en concurso de normas con un delito contra la hacienda pública. El acuerdo de dos años hizo que cinco acusados quedaran libres entonces. A todos se les suspendió la ejecución de la pena de prisión durante tres años, con la condición de que no delincan. El proceso de F. G. continúa.

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