“Si existe un colectivo en el que la labor de protección atribuida al Ministerio Fiscal se hace más necesaria este es el de las víctimas de trata. Una función de protección que debe ejercerse antes de iniciarse el proceso, desde que se identifica a la víctima, durante y una vez terminado, con el objeto de asegurar la recuperación integral y el restablecimiento de la víctima, y que esta pueda escapar de sus traficantes. Esa protección, en el caso de los menores, debe procurarse desde el momento de la acogida, estableciendo un clima adecuado para crear fuertes vínculos con el menor que eviten, sea como sea, que puedan caer en redes de mafias”.
En la última memoria publicada por el ministerio público, la Fiscalía Provincial de Ourense menciona a las víctimas de trata como uno de los colectivos de sensible protección.
“Dentro de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal, si existe un colectivo especialmente vulnerable que merezca nuestra atención y en el que con más fuerza llevar a cabo nuestra labor de protección, este es sin duda el constituido por las víctimas de trata, principalmente el de las mujeres y los menores”, señala la Fiscalía ourensana, cuya delegada contra este tipo de delincuencia es Pilar Manso.
Ese objetivo va en línea de lo que establece la Comisión Europea en la estrategia 2021-2025 sobre la lucha contra la trata de seres humanos, así como el plan estratégico nacional 2021-2023 contra la trata y explotación.
El ministerio público ve imprescindible “contar con los recursos materiales y humanos necesarios –recursos que deben ser promovidos por el propio Estado– para apoyar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctima”. Esa labor de apoyo “debe incluir, por lo menos, un conjunto mínimo de medidas necesarias que permitan alcanzar dos objetivos: por una banda, la recuperación integral y el restablecimiento de la víctima; por la otra, que pueda escapar de sus traficantes”.
Víctimas en un "lamentable estado psíquico"
La Fiscalía de Ourense subraya que se tratan de objetivos que la institución debe salvaguardar en el ejercicio de su función protectora, “aunque a veces sea difícil de conseguir debido tanto al lamentable estado psíquico en el que se encuentran las víctimas de esta clase de delitos, pues presentan secuelas similares a la tortura, como por el carácter transfronterizo que en ocasiones se da en este tipo penal, donde las organizaciones criminales o mafias que lo llevan a cabo realizan presiones no solo sobre la víctima, sino también sobre las familias y allegados en su país de origen”.
Por estos motivos, el ministerio público señala que “resulta básico efectuar una evaluación individual de la víctima, de conformidad con los procedimientos nacionales, las circunstancias, el contexto cultural y las necesidades de la persona afectada”, así como compatibilizar esa labor con las medidas del sistema de protección internacional y con las establecidas específicamente para las víctimas de trata.
Las ONG se han quejado de “falta de preparación y atención a la víctima en el momento de declarar, descuidando su situación tanto a nivel técnico como de acogida, lo que dificulta sin duda su declaración”
La representante ourensana del ministerio público subraya que “resultan básicas las comparecencias de la víctima en el juzgado”, así como la “capacidad de empatía” de la Fiscalía, y también la de fomentar confianza en un entorno adecuado que dé seguridad a la persona. Eso requiere “mayor formación”.
En la memoria publicada recientemente, la Fiscalía admite que las ONG se han quejado, con motivo de comparecencias de las víctimas en instalaciones judiciales para la práctica por videoconferencia de la prueba preconstituida –la declaración que se reproducirá en el momento del juicio–, una “falta de preparación y atención a la víctima en el momento de declarar, descuidando su situación tanto a nivel técnico como de acogida, lo que dificulta sin duda su declaración”.
El ministerio público ve conveniente “preparar la sala con anterioridad, para evitar fallos técnicos de conexión más propios de la improvisación que de la calidad técnica de la sala, sin olvidar que una adecuada acogida de la víctima, propiciando un ambiente de seguridad, contribuiría a que la aportación de datos fuese más rica”.
Prestar asistencia y apoyo incondicional, "aun cuando no colabore como testigo"
La Fiscalía recuerda que el deber de prestar asistencia y apoyo a la víctima “debe realizarse en cuanto existan indicios razonables para suponer que pudo ser objeto de trata de seres humanos, con independencia de su voluntad de intervenir como testigo, lo que implica la necesidad de informar a la víctima de forma correcta y clara sobre todos y cada uno de sus derechos, entre los que se encuentra que conozca de la asistencia y apoyo incondicional, aun cuando no colabore como testigo, así como los derechos derivados de la propia condición de víctima de trata, o de otros delitos como violencia de género o contra la libertad sexual”.
“Un tiempo de vida robado a las víctimas en condición de esclavas”
Los fiscales deben contar con información sobre el estado físico y psíquico en el que quedó la víctima, para solicitar una indemnización con el escrito de acusación, con el objetivo de procurar un tratamiento que permita la recuperación de la persona perjudicada, teniendo en cuenta “el tiempo de vida robado a las víctimas en condición de esclavas”.
La recuperación es “clave” para que adquieran independencia y no vuelvan a caer en las redes criminales. “Necesariamente, después de terminado el proceso penal, debe seguirse prestando asistencia y apoyo durante un periodo apropiado”, sostiene la Fiscalía.
Especial atención a los menores
Los menores no acompañados que sufren trata son un colectivo especialmente vulnerable que necesita un procedimiento judicial más ágil, “asistencia y apoyo específicos”, así como unas medidas de protección adecuadas para evitar su captación y explotación por las mafias.
“No se podrá lograr con centros de acogida sobreocupados, situación derivada de una precariedad que provoca una alta rotación de los profesionales, lo que dificulta el trabajo con los niños y niñas, y que se resolvería con medios humanos, económicos y materiales suficientes para poder atender adecuadamente los niños y adolescentes en acogida residencial y familiar”.
