La memoria de la Fiscalía Superior de Galicia dedica varios apartados a analizar los aspectos más destacables que aportan las respectivas fiscalías provinciales y en la de Pontevedra centra gran parte de su contenido a la víctima.
De hecho, desde el Ministerio Público en Pontevedra dicen sentirse en la obligación de señalar la existencias de “carencias” en la atención a las víctimas especialmente de delitos violentos. Para la Fiscalía provincial, la víctima ha sido hasta hace poco “la gran olvidada del sistema judicial”pese a la aparición de reformas como la ley 4/2015 de 27 de abril o el R. D. 1109/2015 de 11 de diciembre. El Ministerio Público culpa a las “sinergias judiciales y las de nuestra propia institución” de que se haya podido dar con las fórmulas adecuadas de apoyo a la víctima pese a esta nueva reglamentación, “entendiendo por tal apoyo el que supone asumir el mismo como una auténtica política de estado tendente a favorecer el mismo”.
Entre otros defícits, la Fiscalía llama la atención sobre la flata de una atención inmediata y protocolizada a la víctima, sino que ha de ser esta quien acuda a la oficina de víctimas que les informa de sus derechos y las orienta de forma adecuada, indicándole los servicios de la administración a los que pueden acudir. Esta fórmula puede funcionar con víctimas de violencia de género o incluso de delitos del ámbito sexual (que tienen a su disposición en los juzgados apoyo psicológico o la posibilidad de acudir a órganos administrativos) pero no resulta “tan eficaz” para el resto de víctimas cuando su asistencia a las oficinas de atención “depende más de su propia iniciativa y voluntad”.
Dos declaraciones previas
La Fiscalía también llama la atención algo que el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, ya expresó recientemente en un juicio por supuestos abusos sexuales a una mujer especialmente vulnerable por padecer una discapacidad. Resalta el Ministerio Público que, todas las víctimas en general, pero en especial los menores y estos colectivos más vulnerables, siguen sin contar con un protocolo actualizado conforme a la nueva regulación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que “siguen produciéndose por lo menos dos declaraciones,la primera ante las Fuerzas de Seguridad y la segunda anteel juez con el equipo psicosocial”. Además, lamenta la inexistencia de salas Gesell que permita tomar declaración a los menores sin la perturbación de extraños o terceros de forma que estas diligencias se pueden realizar “con garantías”.
La Fiscalía insiste en estas “sinergias judiciales” siguen “siendo contrarias a la valoración ante el tribunal de las pruebas anticipadas pese a que las mismas suelen ser realizadas con totales garantías y en especial con la imprescindible contradicción”. Se trata de introducir en el juicio como prueba la declaración ya realizada anteriormente por la víctima en sede judicial, lo que se denomina como “prueba preconstituída”,pero normalmente los tribunales rechazan esta posibilidad, supuestamente en favor de garantizar el principio de contradicción entre las partes en el moment del juicio. La Fiscalía de Pontevedra ha recurrido reiteradamente este rechazo por parte de los tribunales, pero “casi siempre con escaso éxito”.
En este juicio celebrado recientemente, el fiscal jefe provincial insistió al tribunal en que la introducción de esta prueba anticipada en la vista oral evitaría a la víctima (en este caso una mujer con una discapacidad) tener que relatar, recordar y revivir estos hechos traumáticos en lo que se conoce como revictimización.
Cuatro de cada diez afectados son menores
La memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia del 2022 indica que el pasado año se calificaron en la provincia de Pontevedra por parte del Ministerio Público un total de 68 delitos contra la indemnidad y libertad sexual. Suponen un 34,17% del total de la comunidad y tienen especial relevancia los delitos en los que las víctimas son menores de edad, normalmente a manos de personas de su entorno más cercano. De hecho, en 28 de los 68 delitos las víctimas fueron menores, 19 en casos de abuso sexual a menores de 16 años, 8 agresiones sexuales y una corrupción de menores. Hay otros dos asuntos que se tramitaron por utilización de menores para la producción de pornografía infantil.
Asimismo, una agresión sexual con acceso carnal, una violación, a un menor de 16 años. Se trata de delitos ya calificados, es decir, escritos de acusación presentados tras la incoación de las diligencias previas y finalizada la instrucción. En cuanto al resto de ilícitos con personas que superan los 16 años, se señalan seis agresiones sexuales, 14 casos de abuso sexual y cinco de este mismo delito pero con acceso carnal. Por último se tramitaron también seis escritos de acusación por casos de exhibicionismo y provocación sexual. En Galicia el total de delitos contra la libertad e indemnidad sexual subió un 14,38% el pasado ejercicio, al menos en lo que respecta al número de calificaciones emitidas por el Ministerio Fiscal.
