Segundo día de movilizaciones del sector del siderometal. La patronal denuncia “coacciones y presiones” y los sindicatos hacen lo mismo, después de marchar de nuevo por el centro de la ciudad, esta vez con un gran número de personas y con estruendosos petardos y gritos para pedir un convenio “digno”.
Por parte de la patronal, señalan que “el paro ha tenido un seguimiento muy desigual en las empresas” y lamenta que “en algunos casos, los trabajadores no hayan podido acudir libremente a sus puestos de trabajo por la presión o coacción de los piquetes”. En este sentido hacen referencia al “lanzamiento de piedras o la rotura de cristales como parte de las protestas de los trabajadores y consideramos que estas acciones ni son propias de piquetes informativos ni favorecen la disposición de poner fin a la huelga lo antes posible”.
Sobre los salarios de Pontevedra y A Coruña dicen que “la diferencia con Ourense es que el convenio ourensano existe el concepto de antigüedad y la jornada laboral termina el viernes, mientras que en esos convenios los sindicatos han negociado esos dos puntos a cambio de mejoras salariales y de reducciones de jornada. En Ourense los sindicatos se han negado a hacerlo”.
Por parte de los sindicatos, afirman que “durante la jornada de ayer una participación masiva y los piquetes multitudinarios, y lo más importante pacíficos e informativos”. Y sobre las coacciones dicen que “las coacciones las hicieron ellos comprando autocares para que vayan los trabajadores a trabajar custodiados por la Guardia Civil. Estos trabajadores son precarios a través de las ETT y si secundan la huelga no van a trabajar al día siguiente, así funciona la patronal en estos días. Ellos tienen más oportunidades de coacciones que nosotros”.
La Xunta
Según el diputado Ramón Fernández (BNG), “consideramos de vital importancia que el gobierno gallego se implique activamente para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora sobre todo en la provincia de Ourense, donde los salarios están por debajo de la media gallega, y en un 88,5% de la media del estado español”. Para Fernández “el personal afectado representa un elevado porcentaje de los trabajadores y trabajadoras de Ourense que trabajan por cuenta ajena, y no cabe duda de que sus condiciones salariales y de trabajo, y su eventual pérdida de poder adquisitivo, tendrían importantes consecuencias en la economía provincial y de toda Galicia”.
