El presidente desde 1991 del CF Monterrei, F. R. M., y el abogado A. J. G. A. niegan la acusación de inmigración ilegal por la denuncia de un joven futbolista que vino de México en el verano de 2017 con la expectativa de ser jugador profesional en España pero que, según declaró, vio incumplidas las promesas e incluso sufrió dificultades económicas y de manutención tras recalar en este equipo de fútbol modesto, que este año ha competido en la Primera Galicia, la séptima categoría.
Tras los interrogatorios de ambos, la Fiscalía, la acusación particular y las defensas –el letrado se ha representado a sí mismo– expusieron sus informes de conclusiones. La magistrada del Penal 2 dictará sentencia.
La Fiscalía solicita un año de prisión para los dos acusados más una indemnización de 12.000 euros, por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El fiscal considera que ambos, aunque de manera “más activa” el letrado, participaron de forma conjunta en un tráfico ilegal de personas, en la modalidad de la permanencia en el país eludiendo la ley de extranjería.
El fiscal: "Hubo un prevalimiento de la situación de las víctimas"
Ve acreditado que actuaron con un ánimo de lucro. En opinión del ministerio público, ha de tenerse en cuenta, para fijar la pena, la situación de “vulnerabilidad” debido al origen “humilde” de los jugadores foráneos que llegaron a Ourense, a un país en el que carecían de arraigo, sin conocimiento de la normativa de extranjería y con expectativas de “triunfar en el aspecto deportivo y económico”.
Los jugadores extranjeros residieron en un piso de la familia del letrado en Verín, y solo uno denunció. “En una situación de extrema necesidad recurren a una persona que se ofrece a ayudarlos y que tiene conocimientos jurídicos. Hubo un prevalimiento de la situación de las víctimas”, censura el fiscal, que además añade que, en la estancia de los jóvenes, “las promesas no se cumplían y las condiciones en las que vivían eran mejorables”.
Esta parte recuerda que el empadronamiento era un requisito para regularizar los papeles, y los futbolistas fueron inscritos en una vivienda de Albarellos (Monterrei) de la familia del letrado, en la que no residían.
Además, el fiscal señala que el contrato de representación que el denunciante fue presuntamente obligado a firmar “acredita el ánimo de lucro, porque se habla de derechos económicos, de imagen y porcentajes”.
“Vine de México por mi sueño de ser futbolista y aquí pasé hambre”, afirma un exjugador de regional
La tesis del ministerio público es que, en la medida en que estos jugadores extranjeros elevaban la media de calidad en el club, “cuantos más fueran reclutados de esa manera ilegal para el Monterrei, mayor probabilidad habría de que alguno tuviera éxito en su carrera”.
El fiscal dice que eso redundaría en el equipo, con más patrocinios, ascensos deportivos y beneficios por los traspasos. “No fue el caso porque no dio tiempo”, matiza.
Durante su interrogatorio, el presidente del Monterrei desde 1991 lo negó. “Nunca en 30 años” el club de regional recibió dinero por un jugador, ni tampoco había recursos para pagar un salario. “En Monterrei no estamos en ese mundillo”.
El presupuesto es de 20 o 30.000 euros al año y el presidente, añadió, sumaba muchas otras funciones. De hecho, en la actualidad también hace de delegado. “Una de las cosas que más me molestó en el proceso fue que se presupusiera que el club tendría mayores ingresos. Seguimos con los mismos patrocinadores desde 2011 y el número de espectadores va en función del rival. Hay 50, 70, 80 o 100 espectadores, de los que pasan por taquilla solo unas 20 personas”, expuso F.
Según su versión, fue el letrado el que le comunicó que los jugadores extranjeros irían a Verín –afirma que él no tenía ninguna decisión en eso–, que se alojarían en un piso de la familia del abogado y que el club debería ocuparse de la manutención.
El primero fue un joven senegalés y después se sumaron otros, incluido el denunciante. “Con un jugador era asumible hacer una compra de 60 euros semanales, pero con varios suponía mucho gasto. Por una cuestión de humanidad y que tuvieran condiciones dignas, se les compraba comida y se recurría a entidades como Cáritas y Cruz Roja”, afirmó F.
"Yo intentaba abaratar para un club humilde los gastos de la estancia de estos chicos"
Además, pidió la colaboración de comerciantes que también ayudaron a los chicos con donaciones de alimentos, como un panadero, una frutería o un almacén de patatas. “Yo intentaba abaratar para un club humilde los gastos de la estancia de estos chicos. A jugar los llevaba en mi coche”, dijo el directivo.
También indicó que los futbolistas foráneos podían disponer de gimnasio gratis después de sus gestiones. La defensa aportó como prueba una factura de un tratamiento que costearon para la rehabilitación del denunciante después de una lesión.
Dos exfutbolistas extranjeros del Monterrei niegan que pasaran hambre, como afirma el compañero que denunció
F. contactó con la federación galega para saber cómo tramitar la ficha de los extranjeros. Entre los requisitos, que no hubiera compensación económica y el empadronamiento. Este acusado afirma que el letrado, primero de manera verbal y después por escrito, autorizó la inscripción de los futbolistas en la casa de Albarellos. “De extranjería no tenía conocimientos”, afirma el presidente.
El abogado acusado intervino dos veces, en su interrogatorio y en su faceta de letrado de sí mismo. Lamenta el daño sufrido para su imagen como abogado, auditor y profesor universitario.
Califica al perjudicado de “falso denunciante”, niega pruebas de que favoreciera la inmigración ilegal y asegura que todos los futbolistas foráneos se marcharon salvo a la víctima, al que achaca que denunció, en mayo de 2018, para obtener el permiso de trabajo y residencia solo pocos días después, su “última opción” tras llegar incluso a intentar casarse y solicitarle dinero para el billete de vuelta o que invirtiera en la empresa de su padre. “Me ha costado 3.000 euros”, manifestó el letrado, que además criticó la labor de la Policía en el caso.
A., que fue presidente del CD Ourense en el siglo XX, dice que era un investigado prófugo, representante de jugadores, el que se encargaba de traerlos a España y fue quien los derivó a Verín “abusando de mi amistad y confianza”, señala el letrado.
También sostiene que el otro acusado “empadronó sin mi conocimiento” a los jugadores en la casa familiar de Albarellos. Responsabiliza al Concello por haberlo permitido. A. asegura que “nunca” ha sido representante de jugadores y que fue el denunciante el que “pidió firmar” el contrato de derechos que él califica como “jurídico”.
Las defensas ven “mala fe”
Las dos defensas solicitan la condena en costas de la acusación particular, a la que reprochan su “mala fe” y temeridad. Esta parte añade un presunto delito de organización criminal. “No eran Santa Teresa, tenían un ánimo de lucro”, dijo este letrado.
La defensa del presidente dice que la Fiscalía “especula” sobre el supuesto ánimo de lucro y niega intervención alguna del presidente en cualquier vulneración de extranjería. “La estancia en Monterrei lo único que ha dado son perjuicios económicos”, añadió el abogado.