Un espectador más. Ese fue el primer día como diputado provincial de Gonzalo Pérez Jácome que volvía a un pleno de la Diputación desde junio de 2019 y lo hacía por la dimisión de Miguel Caride en diciembre del año pasado. Parco en palabras y sin pedir turno para saber qué estrategia seguirá a partir de ahora, publicó que “es un acta que siempre debió de ser de DO desde las elecciones y que un acto de transfuguismo, permitido en España, interrumpió”.
La toma de posesión generó más expectación de la esperada y en el primer pleno de 2022 se ratificaron el convenio de colaboración para los Grupos de Emergencias Supramunicipales en el periodo 2022-2024 y se aprobaron las bases de los programas BenOurense para los servicios de ayuda en el hogar, personal técnico, puntos de atención a la primera infancia y servicios complementarios con un presupuesto de 1,4 millones, que según el gobierno provincial “permitirán reforzar la atención social en los concellos de menos de 20.000 habitantes”.
Jácome fue la novedad, porque en el debate político, la financiación local centró la intervención y las mociones de los representantes. El PSOE presentó la enésima moción sobre la financiación llevada a cabo por el gobierno provincial donde aludía a un informe del Consello de Contas que cifraba la cooperación municipal en planes de obras en el 6% mientras que el resto de las Diputaciones provinciales superaban el 25%. Rafael Villarino, el ratificado secretario provincial socialista, exponía que “estamos ante una gestión ineficaz e ineficiente de los recursos públicos, evidencia sus vergüenzas y hay cientos de millones de euros que se fueron por el desagüe por culpa de ese reparto a dedo”. Y añadió que “ustedes (PP) están en contra de los dictámenes y recomendaciones del Consello de Contas. Todo lo que se hace en esta Diputación es clientelar”.
Por su parte, Montse Lama criticó el “haced lo que digo, pero no lo que hago” de los socialistas, aludiendo que “ustedes (PSOE) hace lo mismo en los concellos en los que gobierna”. Y utilizó con ironía la distribución de fondos de la Confederación Hidrográfica para visibilizar “el reparto justo, objetivo y equitativo” que no se da en organismos públicos dirigidos por designados socialistas.
Bernardo Varela (BNG) arguyó que “lo que hay que hacer es que si en otros lugares también lo hacen mal, habrá que rectificar lo de los otros lugares también, no hacerlo en todos igual de mal”. Pidió un porcentaje de la financiación en función de criterios de la Fegamp y arrancó la unanimidad de la Corporación para denunciar la infrafinanciación de los concellos gallegos por parte de la Xunta y el Estado Español.
El gobierno provincial votó esta última iniciativa para exigir otro modelo de financiamiento, mientras discrepaba con el PSOE y el BNG por la financiación local, defendiendo la gestión económica y presupuestaria, que es ratificada por las urnas, y criticando la “falta de transparencia” del reparto de los fondos europeos y estatales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
