El plan diseñado ya en junio para celebrar el juicio de la operación ‘Zamburiña’ se ha ido evaporando con el paso de los días. Primero, con un aplazamiento de una semana por el posible contagio de COVID de un acusado que dio negativo pero tuvo que guardar 10 días de confinamiento. Después, con la sala parándose a estudiar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales tras tres sesiones de cuestiones previas. A continuación, con la decisión más impactante y decisiva para el más que probable resultado absolutorio: la anulación de las escuchas y, en consecuencia, de toda la prueba obtenida por esa vía de investigación, incluida la incautación de 7 kilos de droga. Cuando el último giro de guion parecía la exclusión de toda prueba testifical y pericial, poniendo el punto y final un mes antes de lo previsto y limitando las declaraciones al interrogatorio exprés de los acusados –niegan los hechos a preguntas de sus defensas–, el enésimo imprevisto tuvo lugar ayer. José V. V., uno de los nueve presuntos traficantes, para el que la Fiscalía solicita 8 años y 9 meses de cárcel, no pudo acudir a la sesión final de la ‘Zamburiña’ porque estaba pasando a disposición judicial como detenido por presunto quebrantamiento de condena respecto a una expareja.

Fue arrestado la noche del martes en Vigo. Ayer quedó en libertad en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. José V. V. declinó conformarse en el juicio rápido y el 23 de febrero se sienta en el banquillo del Penal 3 de Vigo. Se enfrenta a una petición de 3 años, informa Elena Villanueva.

La fiscal detalla hoy su postura

En la ‘Zamburiña’ es uno de los acusados a los que la Fiscalía atribuye pertenencia a una organización criminal de narcotraficantes. Sin prueba practicada en el juicio y con la anulación de la escucha inicial y de la incautación de la droga, todo hace indicar que saldrá absuelto junto al resto de presuntos traficantes y los 4 policías de la comisaría. Faltan por ser interrogados –solo responderán a sus abogados– nueve encausados, incluido el exjefe policial antidroga, Antonio R. F. Tras la decisión del tribunal de anular la prueba clave y descartar el resto, al considerar que todo el resultado de la investigación se deriva de la escucha inicial que vulneró derechos fundamentales, lo lógico es que los letrados expresen poco más que un par de frases hoy en sus informes. La fiscal, que a buen seguro reiterará con detalle sus impugnaciones sobre las nulidades –que no comparte– y la exclusión de todas las pruebas restantes que ofreció como alternativa, decidirá si mantiene la acusación –lo más probable, para que el Supremo revoque y, por tanto, obligue a repetir el juicio con todas las pruebas–, modifica los delitos que atribuye a todos o alguno de los encausados, y rebaja o no las peticiones de condena.