La que la Policía Nacional, cuando Ignacio Cosidó era el director, denominó entonces la principal red de falsificación de prendas de ropa y calzado que operaba en la Península fue desarticulada en 2013 y el centro neurálgico estaba en Ourense, en Xinzo de Limia, a donde eran trasladadas la ropa y el calzado presuntamente elaborados en talleres de Portugal. Llegaron a ser detenidas 99 personas en varias provincias, en la operación ‘Laika’. Los investigadores cifraron los supuestos ingresos de la red en 5,5 millones. Acusadas, al final, hay una veintena. De esta relación de implicados para los que las distintas marcas piden condena, la Fiscalía actúa contra seis, todos naturales de Marruecos, entre los que se encuentra el hombre que ejercía como imán de Xinzo. El ministerio público solicita penas individuales de solo 5 meses de prisión y 1.800 euros de multa ya que únicamente contempla la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial. Los seis pasaron mes y medio en reclusión provisional, tras estallar esta operación. El fiscal considera que no hay pruebas de blanqueo ni de organización criminal. En cambio, las empresas solicitan penas de hasta 10 años de cárcel.
La Fiscalía no aprecia que se trate de una red, porque “el único nexo común entre los acusados arraigados en Xinzo, además del lugar de residencia, es el origen marroquí, sin que esto sin más pueda ser suficiente para entender la existencia de una organización estable, con reparto de funciones y jerarquía adecuada y organización”.
El fiscal Miguel Ruiz incide en que, además de dos acusados que eran empleados supuestamente conocedores del delito, son “dos familias, compuestas por dos matrimonios que de manera habitual realizan por su cuenta este delito, coincidiendo en momento puntuales en proveedores o modo de reparto, pero sin la fuerza suficiente para entender que es una organización criminal”. Sobre el blanqueo de capitales, el fiscal considera que “tampoco se dan los elementos legales para entender cometido el delito”. Existen movimientos bancarios pero son de los presuntos autores de la distribución de ropa falsificada, “siendo requisito para que exista blanqueo no haber intervenido ni como autor ni como cómplice del delito que da origen”.
La Fiscalía sí comparte que la provincia de Ourense “se había convertido en un centro neurálgico de distribución de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial”. La Brigada de Investigación de Delincuencia Especializada de la Comisaría General de la Policía Nacional puso el foco en este territorio debido a la gran cantidad de intervenciones de prendas en España y Portugal, cuyas autoridades colaboraron en el desarrollo y éxito de este caso. Los agentes pidieron autorización al juzgado de Xinzo de Limia para intervenir varios teléfonos de sospechosos. Las escuchas y otras diligencias permitieron cerrar el círculo.
Envíos por mensajería
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, uno de los encausados, natural de Marruecos y de 36 años, viajaba “con relativa frecuencia” a Portugal “para adquirir y traer posteriormente mercancía falsificada a Ourense”. Presuntamente, este implicado guardaba las prendas en almacenes y garajes de Xinzo y Verín, y la distribuía posteriormente enviando paquetes por mensajería.
Según el fiscal, se valía de la ayuda de su esposa, también acusada, una mujer marroquí de 29 años. El imán de Xinzo, de 53 años, con nacionalidad española desde 2014 y sin antecedentes penales, “se dedicaba a realizar la misma actividad, acudiendo también a Portugal para adquirir productos falsificados y su posterior distribución”, dice el ministerio público en su escrito. Su esposa, una mujer natural de Marruecos de 42 años, es otra de las personas implicadas para las que la Fiscalía pide una condena. “Era perfectamente conocedora de las actividades ilícitas de su marido, colaborando con él en las actividades de adquisición y distribución”.
Un menor ya fue condenado
Hay otros dos acusados por el fiscal. Uno es un hombre de 28 años, trabajador de los establecimientos, que actuaba “con pleno conocimiento del origen ilícito de las prendas”, según la Fiscalía, al igual que un menor ya condenado por estos hechos. El otro tiene 41 años y presuntamente es colaborador habitual de dos encausados.
Según detalla el escrito del ministerio público, en el domicilio y un local del Imán de Xinzo y su esposa se encontraron 12.133 prendas falsificadas, así como documentación sobre envíos de la mercancía por toda España. En un garaje había 2.117 prendas de ropa y calzado también ilícitas. En un local, los agentes se incautaron de otros 1.375 artículos. En los registros encontraron 11.400 euros, con origen presuntamente ilícito, así como albaranes de envíos.
Al otro matrimonio encausado se le hallaron, en un local y una furgoneta, más de 5.300 prendas de ropa y calzado falsificadas, además de documentación y resguardos de envíos de mercancía. En los registros vinculados a otro encausado se encontraron 1.680 prendas supuestamente falsificadas en un domicilio, además de multitud de facturas y albaranes de empresas de transporte, así como 1.762 artículos más en dos plazas de garaje y otras 305 en un local.
De Vuitton o Gucci a Adidas
Los hechos se juzgarán en la Audiencia Provincial. La causa, abierta en 2013, acumula siete años de instrucción. La defensa cuestiona aspectos de la instrucción y ve posibles nulidades del proceso. Los recursos de las numerosas empresas personadas retrasaron la causa, cuyas dilaciones son posibles atenuantes para los acusados. Hasta 2019 la Audiencia no concretó los delitos para el cierre de la fase de instrucción. Las marcas perjudicadas por estos hechos van desde Luis Vuitton a Adidas, Nike o Puma, pasando por Ralph Lauren, Lacoste, Levy Strauss, Carolina Herrera, Gucci, Dolce&Gabbana o Giorgio Armani.
