Tras 80 permisos de salida sin incidencias, en agosto de 2018 Fernando Iglesias no regresó al centro penitenciario de Pereiro, donde cumplía el tercer grado. En diciembre de ese año fueron detenidos sus presuntos homicidas, que permanecen en prisión provisional, tras confirmar la jueza la medida cautelar el pasado diciembre. Ayer, los dos investigados, Francisco J. G. H. y Óscar G. L, comparecieron por videoconferencia ante la magistrada, en un trámite de la ley del jurado previsto para comunicarles los hechos que se les imputan. Será este uno de los casos que se resuelvan en 2021 en Ourense con un tribunal popular (junto al homicidio del Bar Novo). Los dos varones mataron presuntamente, con el fin de apropiarse de la herencia materna, a un hombre al que habían conocido en la cárcel. A Fernando Iglesias Espiño, de 63 años y natural de Silleda, le quedaban apenas 2 años para cumplir una condena de 25 por el triple asesinato de su mujer e hijos, en Gran Canaria en 1996. La fiscal asegura que, los días siguientes al crimen, que la investigación sitúa en el 11 de agosto de 2018, los imputados retiraron 22.490 de los 26.631,83 euros que Espiño había recibido en su cuenta, solo un mes antes, de la herencia materna. Debido a este móvil de los hechos, la Guardia Civil bautizó este caso como “Operación Avaro”.
El artículo 25 de la ley del jurado establece que, en la comparecencia, “el juez de instrucción comenzará por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretarán la imputación”. Un hermano de la víctima ejerce la acusación particular. Esta parte se adhirió al relato formulado por la Fiscalía. “Seguidamente, oirá al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá instar el sobreseimiento”. Tanto la abogada de Francisco como el letrado de Óscar así lo hicieron. Ninguna de las partes, ni las acusaciones ni las defensas, solicitaron la práctica de más diligencias de investigación.
Los investigados Francisco J. G. H. y Óscar G. L. conocieron a Espiño en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, donde los tres coincidieron como reclusos. La Fiscalía asegura que los imputados, “tras tener conocimiento de que Fernando había recibido una importante cantidad de dinero en herencia, por el fallecimiento de su madre, decidieron acabar con su vida para así hacer propio el dinero heredado”. En el escrito en el que concreta la imputación de los hechos, el ministerio público relata que, el 11 de agosto de 2018, sobre las 9 de la mañana, Espiño se trasladó hasta la granja avícola que el investigado Francisco explotaba en una aldea de Maside. Allí, un lugar donde trabajaba y pasaba el tiempo en sus salidas de la prisión, se encontraban los dos investigados, según la versión de la Fiscalía.
Golpes con “objeto contundente”
Los investigadores sostienen que la muerte violenta se produjo en ese lugar. Entre las 9 y las 13.20 horas del 11 de agosto de 2018, presuntamente “actuaron de común acuerdo y, desarrollando el plan previamente convenido, mataron a Fernando Espiño, golpeándolo con un objeto contundente en la cabeza, causándole así la muerte por traumatismo craneoencefálico”.
Óscar G. L. reveló a los agentes de la Guardia Civil el monte de A Senra (Piñor) donde Espiño fue enterrado, en una fosa con agua. La cabeza estaba rodeada con una bolsa atada. El forense dictaminó que presentaba “al menos cuatro zonas de traumatismo contuso” en dicha zona del cuerpo, según la autopsia, que descartó la presencia de fracturas o lesiones por arma blanca o de fuego. Las marcas eran compatibles “con una barra de hierro o instrumento similar”, dice el experto.
La fiscal considera que los dos imputados trasladaron el cadáver a la finca de A Senra, propiedad de la familia de Francisco. El cuerpo de la víctima fue localizado allí, enterrado en una mina de agua, el 20 de diciembre de 2018. Culminado el crimen, “ambos acusados llevaron a cabo toda una serie de operaciones para apropiarse de la herencia que Fernando había recibido”, continúa la fiscal. Los días 10 y 12 de julio de 2018, un mes antes de la muerte violenta, recibió en su cuenta un total de 26.631,83 euros. Entre el 11 y el 20 de agosto de 2018, los investigados “se apropiaron” de 22.490.
“Bueno, esto ya se terminó. No hay más que sacar”, escuchó supuestamente un testigo decir a Óscar, después de que extrajera los últimos 490 euros en un banco de Ribadavia. Los posicionamientos de los móviles sitúan a los investigados en los lugares del crimen y los cajeros, según el auto de prisión. La defensa de Francisco, que discute la fecha de la muerte e incluso que ocurriera en la granja, así como las ubicaciones del investigado, encargó un informe pericial de geolocalizaciones y la Policía Judicial elaboró un dictamen en respuesta. El abogado de Óscar también solicitó ayer el sobreseimiento en la comparecencia, pero la jueza sigue adelante con el proceso para que un jurado popular resuelva si son culpables.
