La jueza de guardia de Ourense, Eva Armesto, toma hoy declaración y decidirá si dicta prisión o medidas cautelares para la presunta organización criminal que operaba en una fábrica ilegal de tabaco en una nave de Cambeo (Coles). Fuentes de la Guardia Civil, que ha trabajado en el caso en cooperación con Vigilancia Aduanera y un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional de Pontevedra, afirman que es "la mayor operación en España contra el contrabando de tabaco". La investigación arrancó en mayo de 2020, aún con estado de alarma. Las 25 detenciones practicadas anteayer, con registros no solo en Ourense sino también en otros lugares como Castilla y León, han obligado a buscar diversos alojamientos temporales para la custodia de los investigados, hasta su paso a disposición judicial este sábado, en una jornada que se prevé larga. Seis de los implicados permanecían en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, a la espera de ser conducidos hasta el tribunal.
En una nave industrial situada al pie de la carretera nacional N-525, en Cambeo, se escondía una fábrica ilegal de tabaco de grandes dimensiones que producía de forma clandestina con la intención de distribuir el producto por Europa. Se encontraron varias toneladas de producto. El modus operandi de la organización consistía en traer picadura de tabaco de otros países, mediante transporte terrestre, y en un laboratorio de la nave, elaboraban los cigarrillos y envasaban en cajetillas para su posterior distribución en el mercado negro.
Los detenidos son 25 varones de distintas nacionalidades: rumanos, moldavos, ucranianos y portugueses. Han hecho falta traductores para facilitar la comunicación entre los agentes e investigados. Según fuentes próximas al caso, muchos son trabajadores que residían confinados en las instalaciones, sin hacer vida en el exterior, lo que también contribuía a que no llamasen la atención. Acudían a trabajar una temporada y regresaban a sus países. Además de contrabando, se investigan delitos contra la Hacienda Pública o falsedad documental.
La causa fue dirigida por el juzgado de Instrucción 2 de Ourense y el fiscal antidroga de la provincia, Miguel Ruiz. No obstante, la puesta a disposición de los detenidos correrá a cargo de la magistrada en funciones de guardia, la titular de Instrucción 3, Eva Armesto.
