Los seis excargos del bipartito PSOE-BNG acusados de prevaricación continuada por cinco contratos externos en el servicio de Urbanismo y Rehabilitación Urbana entre 2008 y 2013 que se prorrogaron mensualmente durante dos años y medio eludiendo los reparos que sistemáticamente planteaba el interventor declararon ayer ante la magistrada titular del Juzgado Penal 2 de Ourense.
Los seis encausados respondieron a las preguntas de la acusación y las defensas tras haber escuchado en la dos jornadas previas a los testigos y hoy, cuarto día de juicio, las partes presentarán sus informes finales. Los seis acusados, que se enfrentan a una petición de 10 años de inhabilitación, podrán ejercer su derecho a la última palabra.
En la sesión de ayer, que se alargó más de seis horas, los seis excargos públicos defendieron que cuando se empezaron a suceder los reparos, la contratación a través de asistencias técnicas era la única manera que tenían de garantizar la prestación de servicios importantes para la ciudad, que afrontaba una etapa de transformación en materia de rehabilitación de viviendas en cascos históricos y zonas degradadas. Había convenios con la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento para potenciar estos trabajos y corrían el riesgo de perder subvenciones ya comprometidas.
Así lo declararon ayer empezando por el exalcalde Francisco Rodríguez, acusado de levantar los reparos "sucesivamente, sin causa que lo justifique, sin adoptar ninguna medida que pusiese fin dicha situación irregular". Defendió que en su papel de alcalde "tenía la responsabilidad de levantar los reparos para pagar el servicio prestado", ya que de lo contrario podía incurrir en ilegalidad. Aseguró que desde el primer momento intentó subsanar las anomalías que transmitía el interventor y que conocía las consecuencias de seguir contratando por el mismo mecanismo, esto eso, la reclamación de laboralidad por parte de los beneficiados por las asistencias técnicas que, en efecto, al ser despedidos reclamaron en el ámbito social y fueron readmitidos como personal laboral indefinido. Sin embargo, apuntó, en un lado de la balanza estaban las advertencias del interventor por exceder el tiempo y "aunque fuera por poco", la cuantía, "y en el otro pagar". Optó por lo segundo porque era su obligación, dijo. "Si en aquel momento me hubiesen dicho que eso me llevaría al juzgado no sé si habría hecho otra cosa", apuntó. De hecho, insistió en su declaración que desde el primer momento en que llegaron los reparos se buscaron fórmulas para corregir la situación. "Dentro de las dificultades que existían porque no se podía contratar", matizó. Habló de un viaje a Madrid para copiar un modelo de empresa pública, reuniones con personal de recursos humanos, técnicos y jefes de servicio: "Mi preocupación y la de todos era solventar aquel problema", alegó. "En dos años y medio pusimos las bases para sacar el programa de contratación de interinos que después puso en marcha Agustín Fernández", explicó, y admitió que continuaron con las prórrogas porque "ninguno deseaba finalizar un proyecto de rehabilitación importante que había en la ciudad".
La exedil de Urbanismo, Áurea Soto, declaró que confiaba en el sistema de asistencias técnicas y que fue la primera sorprendida cuando llegaron los reparos, en su caso, por un asesor jurídico en el área de Urbanismo. "Nos pusimos rápidamente a intentar subsanarlo", dijo, y apuntó que incluso se realizó el nombramiento de Carmen Rodríguez Dacosta como jefa de Personal con el objeto de sacar adelante el programa de interinos. "Hicimos lo imposible y no pensamos que era un delito", afirmó. Sin embargo, en marzo de 2013, y ante la dificultad de sacar adelante dicho plan, optaron por suprimir las asistencias: "Tomé esa decisión que implicaba destrozar un servicio, aunque se cayesen casas con gente dentro; tuve que hacerlo porque sabía que me traería aquí", dijo en alusión a la Fiscalía.
