La Fiscalía sostiene en su acusación que los seis excargos públicos prolongaron esos contratos irregulares "de forma confabulada", tesis que la que fue edil de Vivenda, Iolanda Pérez, negó rotundamente: "Obviamente no", dijo. Ella es la que firmó la providencia de enero de 2011 que llevó a la prórroga mensual de los contratos pero manifestó que ella no redactó ningún documento ni conocía las presuntas irregularidades.
Tampoco conocía a ninguno de los contratados, cuestión en la que coincidieron el resto de acusados. El exalcalde, Francisco Rodríguez aseguró que la primera vez "en la vida" que les vio la cara fue precisamente cuando declararon como testigos, el pasado martes.
El que fue director xeral de Rehabilitación Urbana durante tres meses, entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, Xosé Carballido, admitió que firmó un informe tras conocer la existencia de un reparo y aseguró que "desde el primer día nos reunimos con el concejal para buscar una solución, pero también había que mantener el servicio y había que continuar con el procedimiento del contrato externo que se venía utilizando desde tiempos inmemoriales". Para él, que fue director xeral en la Xunta, la asistencia técnica "era normal". También Xosé Somoza, que fue director xeral, y el exedil Fernando Varela defendieron que aquellos contratos eran "la única alternativa" para prestar el servicio.
El problema, las personas
En calidad de testigo declaró el asesor José Manuel Oliver, que llegó a estar imputado en la causa. Señaló hacía falta personal y que no había otra forma de contratar. Su discrepancia, apuntó, no era por el procedimiento de contratación, el problema, dijo "es que se contrataba a las mismas personas".
