El alcalde de Xinzo de Limia, al banquillo de acusados por presunto enchufismo

Contrataciones por decreto o elaborando directamente los contratos "con las personas que él designaba previamente". El alcalde del PP en Xinzo de Limia, Antonio Pérez Rodríguez, -ayer pidió la baja- será juzgado en 2017, acusado de enchufismo. La juez de Instrucción 1 de Xinzo, Águeda Rodríguez, abre juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación. La Fiscalía y el principal sindicato, la CIG -ostenta 8 de los 9 delegados-, piden la pena máxima, según el Código Penal vigente entonces: 10 años de inhabilitación para "todo empleo o función en cualquiera de las administraciones públicas, así como cualquier cargo electo en elecciones europeas, estatales, autonómicas o locales, o en entes de derecho público, extendiéndose a todo empleo o cargo en empresas o instituciones participadas directamente por alguna administración o ente público, así como a empleos o cargos discrecionales de naturaleza pública de cualquiera de las administraciones citadas", dice la justicia.

El auto notificado ayer es la resolución que obliga a causar baja del partido, según el código ético del PP. Pérez registró un escrito a última hora de ayer en el PP de Ourense comunicando su renuncia temporal a la militancia, "en cumprimento do establecido no réxime interior e o código ético do partido", según informó el partido. El alcalde de Xinzo, en el poder desde que relevó a Isaac Vila en 2010, dio ayer el paso que también tomaron en las última semanas sus homólogos de Vilariño de Conso -acusado de prevaricación y falsedad-, y de A Merca, que irá a juicio en abril por desobedecer presuntamente una orden de derribo de una vivienda unifamiliar.

El primer edil de Xinzo se sentará en el banquillo de uno de los dos juzgados de lo Penal por una causa que se abrió en a finales de 2013 tras varias condenas de los dos jueces de lo contencioso de Ourense, quienes vieron desviación de poder en varias contrataciones de eventuales que fueron sumando altas encadenadas, con el riesgo de convertir a temporales en indefinidos sin las debidas pruebas selectivas. La instrucción se prolongó desde entonces. Ha acumulado más de 3.000 folios.

La Fiscalía sostiene que, entre 2012 y 2013, el regidor contrató por decreto, para relaciones temporales, a dos peones de la limpieza, una limpiadora y una auxiliar administrativa. En otras ocasiones, según el ministerio público, el regidor "prescindió del acto administrativo expreso del decreto de Alcaldía, procediéndose directamente a elaborar los contratos con las personas por él designadas previamente". La fiscal enumera 5 contratos de este tipo a 4 trabajadores.

Según la acusación pública, el alcalde obró "con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad". Subraya la Fiscalía que en la mayoría de los contratos "existía única y exclusivamente una petición a la Alcaldía por parte de los responsables de los diferentes servicios".

En el escrito de acusación, la Fiscalía, que propone la declaración como testigos de varios concejales y de los técnicos de fiscalización, esgrime que todos los contratos "fueron celebrados a pesar de que el alcalde fue informado de su ilegalidad tanto por parte de la secretaría como por parte de la intervención del concello". El ministerio público recalca que al regidor "se le puso de manifiesto el incumplimiento, durante la tramitación de los procedimientos de contratación de los trabajadores, de los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir". Añade la Fiscalía que "también se alertó del riesgo" de que los trabajadores temporales se convirtieran en indefinidos del concello, así como de las restricciones que establecía la normativa estatal en materia de restricción del déficit.

En su declaración como investigado, el alcalde argumentó que los informes de secretaría e intervención habían sido falseados. Adujo, además, que ningún técnico le realizó advertencias en contra, ni escritas ni verbales, en ninguna junta de gobierno, comisión o pleno. El mandatario sostuvo entonces que desconocía los reparos porque, según él, las fechas fueron falseadas y algunos eran hasta 6 u 8 meses posteriores a los decretos. Por las sospechas, el alcalde justificó haber precintado en su momento el ordenador del exsecretario y su exadjunta.

Tras el estudio de la documentación y las declaraciones del investigado, los técnicos y concejales, la juez de Xinzo concluyó que el regidor pudo haber prevaricado, puesto que las contrataciones respondieron "al mero deseo, voluntad y mandato del señor alcalde" para "colocar" a determinadas personas, sin "las más mínimas garantías para la realización de un proceso selectivo en base a criterios de mérito y capacidad".

Según la magistrada, Antonio Pérez prescindió "de todo procedimiento legal, haciendo caso omiso de los informes desfavorables emitidos por los técnicos municipales del concello, creando la posibilidad de que los trabajadores contratados de esa forma pasasen de estar contratados temporalmente o por duración determinada a estarlo de forma indefinida".

FARO intentó recabar ayer la versión de Antonio Pérez. El alcalde no respondió a ninguna de las llamadas.