La familia de Isabel Fuentes planteó una queja ante el Poder Judicial contra la magistrada que abrió el caso, Cristina María Fernández Viforcos, -desde su cambio de destino en abril ocupa la plaza una sustituta, a la espera de la adjudicación de la plaza a un titular-, con la convicción de que la muerte pudo evitarse. El Promotor de la Acción Disciplinaria archivó la investigación, tras considerar que la instructora de Verín adoptó las resoluciones que consideró oportunas, de acuerdo a la ley, pese a que la Guardia Civil le advirtió en un atestado del "peligro" que suponía el marido tras señalarlo como autor de la tentativa en el domicilio. La acusación particular recurrió y adujo que la juez "ocultó" un caso de violencia de género, porque supuestamente solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin remitir una copia física del atestado. La letrada particular dice que lleva 6 meses sin respuesta a esa segunda queja. El Tribunal Superior afirma que el Poder Judicial la desestimó hace meses.
