Pilar de Lara dedujo que el PP de Ourense se pudo financiar "ilícitamente" a través de un "elaborado" sistema de facturación "falsa y ficticia". A mediados de septiembre, la magistrada titular de Instrucción Número Uno de Lugo admitía a trámite el recurso presentado por la defensa del expresidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Luis Baltar, que ahora debe resolver la Audiencia Provincial.
El letrado del exbarón, Luis Romero, hace constar en su escrito que el supuesto delito de falseamiento de las cuentas del partido estaría "prescrito". "Se ha superado con creces el plazo legalmente previsto para perseguir el delito de falseamiento contable atribuible a mi representado", dice el recurso. E incluso añade a la juez: "Resulta excesivamente gravoso, por inútil, dedicar los escasos recursos de la Administración de Justicia a la incoación de un procedimiento penal cuyo objeto ha perdido toda posibilidad punitiva para el presunto responsable".
Además, el representante legal de José Luis Baltar carga las tintas contra el principal testigo de cargo de la investigación, el que fue gerente del PP provincial durante más de dos décadas, Emilio Pascual. Él destapó la presunta caja B. La defensa lo acusa de haber ofrecido su testimonio teniendo "como fuente de conocimiento de sus sospechas el rumor, los dimes y diretes o su propia apreciación sobre el nivel de vida" de Baltar. "Lo que evidencia, además de la inconsistencia de la sospecha, el rencor, las envidias y los móviles de venganza que se encuentran detrás de las manifestaciones realizadas por el citado testigo".
